Justamente el día en que el exmandatario acudió a la Torre de Tribunales en seguimiento a una audiencia por el caso de La Línea, el Ministerio Público (MP) capturó a Manfredo Pacheco Consuegra, ex segundo viceministro de Gobernación, y a Walter Vásquez Cerón, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados de la adquisición anómala de vehículos blindados.
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Los otros dos señalados son Mauricio López Bonilla, extitular de la cartera del Interior, y Giovanni Pivaral de Léon, exdirector general del Sistema Penitenciario (SP).
López Bonilla se encuentra en prisión por otro caso de corrupción. En el caso de Pivaral, actualmente se desempeña como juez de paz en San Marcos, por lo que la Fiscalía solicitó retirarle la inmunidad.
La audiencia de primera declaración será el viernes 3 de febrero y deberá acudir López Bonilla. El exdirector de la PNC fue enviado a Mariscal Zavala. Se está a la espera de que el exviceministro sea trasladado a los tribunales.
Detalles
Durante una conferencia de prensa, autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación ampliaron la información del caso.
Mayra Veliz, secretaria general del MP, informó que, a partir de cuatro denuncias, se estableció que los señalados participaron en el proceso de arrendamiento, por excepción, de 47 vehículos blindados por Q32 millones 700 mil 491.09.
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Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, explicó que se suscribieron cinco contratos de arrendamiento, todos por excepción.
“Hubo contrataciones ilegales, ya que los medios de transporte no constituyen ni maquinarias ni equipos, razón por la cual el procedimiento legal era a través de licitación pública y no por excepción”, expuso.
- Mafredo Pacheco Consuegra: tres contratos para 31 vehículos.
- Walter Vásquez Cerón: un contrato por seis vehículos.
- Giovanni Pivaral: un contrato de diez vehículos
Procesos
De acuerdo con el MP, la modalidad de contratación que se utilizó no era aplicable para alquilar de automotores, atendiendo al monto de la contratación.
“Cuando cualquier institución del sector público requiera efectuar el arrendamiento de vehículos blindados, y el monto de la contratación supere la cantidad de Q90 mil, deberá proceder a través de un evento de licitación pública, confirme a los artículos 17 y 38 de la Ley de Contrataciones del Estado”, expuso la Fiscalía.