Las movilizaciones continuaban este domingo en Estados Unidos ante la prohibición de entrada al país decretada por el presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, pese a una victoria parcial obtenida el sábado ante la justicia.
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El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque al principio parecía que la medida alcanzaba también a quienes poseen permisos de residencia permanente (green card o tarjeta verde), el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, precisó este domingo en la cadena NBC que "no les afectaba", aunque podrían ser interrogados en profundidad a su llegada al país.
Esta aclaración no tranquilizó a los iraníes residentes en Estados Unidos que actualmente se encuentran fuera del país. "La administración se contradice a cada momento", dijo a la AFP Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional estadounidense-iraní. "Hace falta que sea puesto por escrito para estar absolutamente seguros".
Según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, "109 personas" pasaron desde el viernes por procedimientos de control reforzados al llegar al país, y solo "una veintena" permanecerían detenidos en la mañana de este domingo, de acuerdo a datos del gobierno.
Confusión
La confusión reina en los aeropuertos estadounidenses desde el viernes, donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras. Cientos de personas se manifiestan contra el decreto de Trump en las terminales aéreas de Nueva York, San Francisco, Dallas o Seattle.
El sábado, una jueza federal de Nueva York, a demanda de asociaciones de defensa de derechos humanos tras la detención de dos ciudadanos iraquíes, prohibió las deportaciones de personas detenidas que hubieran arribado con su documentación en regla en todos los aeropuertos estadounidenses.
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Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por Trump.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
¿Discriminación religiosa?
Este domingo se registraban manifestaciones en Estados Unidos, especialmente ante la Casa Blanca en Washington y en Nueva York.
La oposición demócrata, por su parte, pidió que se retire el decreto antiinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
En el seno de la mayoría republicana el malestar también era perceptible: pocos legisladores han defendido públicamente el decreto de Trump y un puñado de ellos lo ha condenado total o parcialmente.
Para el legislador republicano Justin Amash, el decreto parece estar más motivado por cuestiones políticas que de seguridad. "Si uno se preocupa del radicalismo/terrorismo, ¿Porqué no Arabia Saudí, Pakistán y otros?", escribió en Twitter.
"Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos", comentó con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
