Una corte de apelaciones canadiense en Columbia Británica aceptó continuar con una demanda civil de un grupo de campesinos guatemaltecos contra una minera de aquel país por violación a sus derechos humanos durante una protesta en 2013.
La demanda civil que enfrenta la empresa Tahoe Resources obedece a las agresiones ocurridas durante una protesta de campesinos frente a las instalaciones de la mina de plata, oro y zinc de su propiedad llamada El Escobal, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, a unos 100 kilómetros al este de la capital guatemalteca.
Los campesinos protestaban por la instalación de la mina en sus territorios, y tras generarse disturbios, los comunitarios Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Erick Fernando Castillo, Artemio Humberto Castillo, Wilmer Francisco Pérez, Noé Aguilar y Misael Martínez resultaron heridos.
Foto: STR / AFP
Según la investigación de la fiscalía de Guatemala, el entonces jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, presuntamente ordenó disparar contra manifestantes a un grupo de agentes privados de seguridad. Rotondo, de origen peruano, fue detenido en Guatemala pero un juez le benefició con arresto domiciliario hasta que, en 2015, se fugó a Perú.
Guatemala ha solicitado su extradición pero las autoridades peruanas aún no la conceden.
Tras los conflictos en el lugar, el entonces presidente Otto Pérez Molina, preso por corrupción, instaló un estado de sitio, militarizó la zona y envió policías a defender las instalaciones de la mina.
Según el abogado Rafael Calas, Director jurídico del Centro de Acción Legal y Ambiental, Calas, representante de los campesinos, quien dio a conocer el jueves la aceptación de la demanda, este es el primero fallo en el que una corte de apelaciones canadiense permite que un proceso, por violaciones a los derechos humanos cometidos por una empresa canadiense en el extranjero, avance.
Foto: STR / AFP
La empresa minera había argumentado que el sistema judicial guatemalteco era más adecuado para conocer el caso, pero en su sentencia la corte argumenta que hay "un riesgo real de que los apelantes no obtengan justicia en Guatemala".
Según Calas, la demanda se interpuso en Canadá debido que ahí está ubicada la junta directiva de dicha empresa y ellos son los responsables de las decisiones de ésta en materia de seguridad y relaciones comunitarias donde operan.