A una semana de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling, la pesquisidora acordó escuchar mañana a las partes interesadas.
Julio César Longo, del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación y presidente de la comisión dio a conocer el cronograma de trabajo. Diputados acordaron que el informe se elaborará el martes y será entregado a directiva un día después.
Sin embargo, la magistrada espera un amparo por la Corte de Constitucionalidad, donde rechazó la decisión de la CSJ.
Recomendados
¡Todo listo! Gobierno de Guatemala está listo para celebrar 100 días de gestión
Sujetos que atacaron a tiros a una familia en Retalhuleu pretendían huir en un tuc tuc
Arévalo llega a los cien días con pedidos de mayor acción
El secretario de la comisión, Germán Velásquez, del Partido Patriota, indicó que los primeros en ser escuchados será el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Dos horas después se atenderá a la magistrada que es señalada de tráfico de influencias para beneficiar a su hijo señalado en un caso de corrupción.
Piden registros
La comisión acordó solicitar el despliegue telefónico del celular del juez Carlos Ruano, que denunció a la magistrada, como también requerrir el ingreso a la vocalía VII y a las asistentes Carla Martínez y otra persona con el nombre de Belinda.
Oliverio García Rodas, vocal de la pesquisidora, resaltó que no son un tribunal para juzgar, sino en escuchar a las partes para luego elaborar una recomendación.
#AntejuicioStalling Diputado Oliverio García indica que esta tarde se enviarán las citaciones para la fiscalía, magistrada, CSJ y Telefónica pic.twitter.com/Ps738U2yhz
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 25, 2017
Sanción por ese delito
• El artículo 449 bis del Código Penal indica que se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial para la persona que sea hallada culpable por tráfico de influencias.
• Se considera tráfico de influencia a la persona que influya en un funcionario o empleado público aprovechando su jerarquía o posición para obtener algún beneficio indebido, para él o para un tercero.