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La feroz guerra desatada al interior de las cárceles de Brasil por el control del narcotráfico tuvo su tercer gran episodio del año en Natal (nordeste), donde 26 presos fueron brutalmente asesinados, casi todos decapitados, en un motín que se prolongó por 14 horas.
El enfrentamiento entre dos facciones criminales en el centro penitenciario de Alcaçuz, el mayor del estado de Rio Grande do Norte, elevó a más de 100 los reos fallecidos en las hacinadas cárceles de Brasil en los primeros 15 días del 2017.
El 1 de enero, un motín dejó 56 presos muertos en Manaos (Amazonas) -en la segunda mayor masacre registrada en una cárcel de Brasil- y sólo cuatro días más tarde, el horror se repitió en una prisión de Roraima, donde 33 internos fueron asesinados.
El evento en Natal empezó el sábado en la tarde, cuando reos de organizaciones criminales rivales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse brutalmente en este penal con capacidad para 620 reclusos, pero que alberga a 1.083.
"Fueron verificados 26 muertos", confirmó en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública del estado, Caio Bezerra, asegurando que las autoridades habían estimado un número más alto de fallecidos "por el estado de alguno cuerpos" en ese "escenario de barbarie".
El perito de la policía estatal Marcos Brandao aseguró que "todos los cuerpos estaban decapitados", aunque matizó que no podía confirmarlo en dos de ellos porque estaban "carbonizados".
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– ¿Una rebelión anunciada? –
La violencia fue tal que la policía debió esperar hasta el amanecer del domingo para retomar el control de la prisión e irrumpir con vehículos blindados. Durante la noche, había cercado el exterior de la cárcel ya que los reclusos cortaron la luz y consiguieron armas.
En las afueras del centro, familiares aguardaban nerviosos noticias de sus seres queridos a lo largo del día.
"Vine para saber si mi hijo está vivo o muerto. Siempre, cuando venía, me decía que iba a haber esta rebelión, me decía: 'mamá, tengo miedo, reza mucho por mi"", dijo compungida a la AFP Eliane Pereira.
Adriana Feliz, hermana de otro de los presos, también había sido alertada y aseguró que, incluso, advirtió al director del penal de la posible tragedia.
"El director dijo que no podía hacer nada. Sabía todo esto, yo les avisé, que estaban por invadir y matar a todos los del pabellón 4. Entonces, ¿por qué no hizo nada?", se quejaba.
Con la situación ya controlada, ahora las fuerzas de seguridad refuerzan el exterior del presidio -rodeado de dunas- para evitar fugas y empezarán el traslado a otras prisiones de algunos presos.
– El gobierno frente a la crisis –
Igual que lo hicieron antes las cárceles de Amazonas y Roraima, este fin de semana el centro penitenciario Alcaçuz quedó en el centro de la lucha por el manejo del narcotráfico que la autoridades atribuyen a los dos principales grupos criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Rio de Janeiro.
"Existe una lucha por el poder, por el dominio del tráfico de droga en Brasil. Una lucha que viene de otros estados y en que los grupos intentan ganar espacio. Y el espacio en el mundo criminal se gana con fuerza y violencia", explicó a la prensa Walber Virgolino, secretario de Justicia de Rio Grande do Norte.
Los diarios locales aseguran que en el motín de Natal se enfrentaron miembros del PCC con los del Sindicato del Crimen, aliado del Comando Vermelho.
El presidente Michel Temer dijo en Twitter que seguía de cerca el trágico suceso y ordenó prestar "todo el auxilio necesario" a las autoridades del estado de Rio Grande do Norte.
Entretanto, el Ministerio de Justicia convocó a los secretarios de Seguridad de todos los estados del país a una reunión el próximo martes para estudiar "medidas inmediatas para la crisis del sistema penitenciario", que además de las matanzas recientes ha registrado numerosas fugas.
Casi un centenar de presos siguen fugados tras el motín en Manaos.
Y en la madrugada de este domingo, una veintena de reclusos se fugaron de un penal en Curitiba (sur), apoyados por un grupo de cómplices en el exterior que destruyeron con explosivos un muro del edificio y contuvieron la respuesta policial con armas de guerra.
El martes, el gobierno desplegó 200 efectivos de la unidad especial de Fuerza Nacional en Amazonas y Roraima luego de las dos masacres carcelarias en esas regiones.
Temer también prometió la construcción de nuevas prisiones en todos los estados, pero organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el hacinamiento (de un 67%) sólo se podrá resolver con una reforma judicial, que evite dejar entre rejas a miles de detenidos por crímenes menores y sin juicio.
