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La feroz guerra desatada al interior de las cárceles de Brasil por el control del narcotráfico tuvo su tercer gran episodio del año en Natal (nordeste), donde al menos 26 presos fueron brutalmente asesinados en un motín que se prolongó 14 horas.
El enfrentamiento entre dos facciones criminales en el centro penitenciario de Alcaçuz, el mayor del estado de Rio Grande do Norte, elevó a más de 100 los reos fallecidos en las hacinadas cárceles de Brasil en sólo los primeros 15 días del 2017.
El 1 de enero, un motín dejó 56 presos muertos en Manaos (Amazonas) -en la segunda mayor masacre registrada en una cárcel de Brasil- y sólo cuatro días más tarde, el horror se repitió en una prisión de Roraima, donde 33 internos fueron asesinados.
El evento en Natal empezó el sábado en la tarde, cuando reos de diferentes organizaciones criminales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse brutalmente en este penal con capacidad para 620 reclusos, pero que alberga actualmente a 1.083.
"Fueron verificados 26 muertos", confirmó en una rueda de prensa en la noche Caio Bezerra, el secretario de Seguridad Pública del estado, asegurando que las autoridades habían estimado un número más alto de fallecidos, de alrededor de 30, "por el estado de algunas víctimas y cuerpos".
Medios locales han mostrado fuertes imágenes del interior del presidio, ubicado a unos 25 km de Natal, donde se ven cuerpos decapitados y desmembrados.
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De hecho, la policía debió esperar hasta el amanecer del domingo para retomar el control e irrumpir en la prisión con vehículos blindados. Durante la noche, habían cercado el exterior de la cárcel ya que los reclusos cortaron la luz y consiguieron armas de fuego.
Con la situación ya controlada, ahora las fuerzas de seguridad refuerzan el exterior del presidio -rodeado de dunas- para evitar fugas y empezarán el traslado a otras prisiones de algunos presos.
– Auxilio y fuga –
El presidente Michel Temer dijo en Twitter que seguía de cerca el trágico suceso y ordenó prestar "todo el auxilio necesario" a las autoridades del estado de Rio Grande do Norte.
Entretanto, el Ministerio de Justicia convocó a los secretarios de Seguridad de todos los estados del país a una reunión el próximo martes para estudiar "medidas inmediatas para la crisis del sistema penitenciario", que además de las matanzas recientes ha registrado numerosas fugas.
Casi un centenar de presos siguen fugados tras el motín en Manaos.
Y en la madrugada de este domingo, una veintena de reclusos se fugaron del penal Piraquara I, de la ciudad de Curitiba (sur), apoyados por un grupo de unos quince cómplices desde el exterior que destruyeron con explosivos un muro del edificio y contuvieron la respuesta policial con armas de guerra.
– Guerra entre dos grupos criminales –
Igual que las cárceles de Amazonas y Roraima, este fin de semana el centro penitenciario Alcaçuz quedó en el centro de la lucha por el manejo del narcotráfico que la autoridades atribuyen a los dos principales grupos criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Rio de Janeiro.
"Existe una lucha por el poder, por el dominio del tráfico de droga en Brasil. Una lucha que viene de otros estados y en que los grupos intentan ganar espacio. Y el espacio en el mundo criminal se gana con fuerza y violencia", explicó a la prensa Walber Virgolino, secretario de Justicia de Rio Grande do Norte.
Los diarios locales aseguran que durante el motín en Alcaçuz se enfrentaron miembros del PCC con los del Sindicato del Crimen, aliado del Comando Vermelho.
El martes, el gobierno desplegó 200 efectivos de la unidad especial de Fuerza Nacional en Amazonas y Roraima luego de las dos masacres carcelarias en esas regiones. En Rio Grande do Norte, también se encuentra esa fuerza.
Michel Temer también prometió una modernización del sistema penitenciario y la construcción de nuevas prisiones en todos los estados, pero organizaciones como Human Rights Watch lo ven como una solución parcial.
"La medida clave para reformar el sistema penitenciario es reducir el hacinamiento, pero Brasil nunca conseguirá construir suficientes prisiones para eso. La solución es el sistema judicial", que deber ser menos punitivo, manifestó esta semana César Muñoz, investigador senior de HRW en Brasil.
