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La policía brasileña controló este domingo un motín en una cárcel de Natal, en el noreste, que sumó al menos diez muertos a los más de cien que ya dejó una guerra entre facciones criminales desatada en centros penitenciarios en 2017.
Las fuerzas de seguridad ingresaron en la mañana al presidio de Alcaçuz, el mayor del estado de Rio Grande do Norte, catorce horas después de iniciada la rebelión, que las autoridades sospechan es el más reciente episodio de una sangrienta lucha por el control del narcotráfico en las cárceles del país.
"La situación está absolutamente controlada", dijo Caio Bezerra, secretario de Seguridad Pública del distrito, en una rueda de prensa.
Walber Virgolino, secretario de Justicia del distrito, afirmó que las autoridades manejan la hipótesis de que "hay más de diez reclusos muertos".
El dato definitivo será informado probablemente esta tarde, aseguró, en momentos en que la tropa de choque de la policía aún trabaja dentro del recinto.
La rebelión comenzada en la tarde del sábado estalló luego de que presos supuestamente de diferentes organizaciones criminales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse brutalmente.
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Las fuerzas de seguridad cercaron el exterior de la cárcel y debieron esperar hasta el amanecer del domingo para irrumpir con vehículos blindados ya que los detenidos había cortado la luz y conseguido armas pesadas.
El coordinador de la administración penitenciaria estatal, Zemilton Silva, señaló en la víspera que había cuerpos decapitados, un símbolo recurrente del nivel de violencia que se vive en las cárceles superpobladas del país.
– Superpoblación –
El presidente Michel Temer dijo en su cuenta de Twitter que sigue el caso de cerca y que había ordenado prestar al estado "todo el auxilio necesario".
El Ministerio de Justicia convocó a los secretarios de Seguridad de todos los estados del país a una cumbre el próximo martes para estudiar "medidas inmediatas para la crisis del sistema penitenciario", que además de las macabras matanzas recientes ha sufrido numerosas fugas.
El centro penitenciario Alcaçuz se erige a unos 25 kilómetros de Natal en un área rodeada de dunas. Según datos de la secretaría de Estado de Justicia, tiene capacidad para 620 presos, pero su población es de 1.083.
Las cárceles se han convertido en escenario de una guerra por el control del narcotráfico que la autoridades atribuyen a los dos principales grupos criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Rio de Janeiro y sus aliados.
Los diarios brasileños aseguran que la pelea en Alcaçuz enfrentó al PCC y el Sindicato del Crimen, aliado del Comando Vermelho, pero la Secretaría de Seguridad del estado dijo en un comunicado que está investigando "la participación de facciones".
"En Rio Grande do Norte como en cualquier estado de Brasil existen esas facciones que quieren dominar el país y otras que resisten ese avance (…) Trabajamos para separarlas, las vigilamos y hacemos transferencias [de reclusos] para intentar quebrarlas", explicó el secretario Virgolino al canal de noticias Globonews.
El martes, el gobierno desplegó 200 efectivos de la unidad especial de Fuerza Nacional en los estados norteños de Amazonas y Roraima luego de dos matanzas de gran escala en sus cárceles.
En Manaos, capital de Amazonas, 56 presos murieron en un motín el pasado 1 de enero, en la segunda mayor masacre carcelaria registrada en Brasil.
Y cuatro días después, el horror se repitió en una cárcel de Boa Vista, capital de Roraima, donde murieron 33 presos.
