Los abogados de un condenado a muerte que iba a ser ejecutado la noche de este martes en el estado norteamericano de Georgia anunciaron que lanzaron un último recurso ante la Corte Suprema, en Washington.
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William Sallie, quien nació en 1966 y fue condenado a la pena capital en 2001, debía recibir la inyección letal a las 19H00 locales (00H00 GMT del miércoles), en la prisión de Jackson, indicaron las autoridades penitencias de Georgia (sureste).
Pero la hora de la ejecución pasó y Sallie no recibió su pena, ya que Georgia estaba a la espera de la decisión de todas las cortes antes de llevarla a cabo.
Sallie fue condenado por matar a su suegro en marzo de 1990 y herir de bala a su suegra, en medio de un conflicto con su mujer por el cuidado de su hijo.
Fue condenado una primera vez a la pena capital, pero su sentencia fue anulada por un conflicto de intereses de su abogado, por lo que volvió a ser juzgado y condenado a la misma pena en 2001.
Según sus abogados, en el segundo juicio, una de las integrantes del jurado mintió sobre su pasado y presionó a los otros miembros, motivos suficientes, en teoría, para obtener la anulación del veredicto.
Pero el condenado, en un momento en que ya no contaba con el asesoramiento de un abogado, dejó pasar la fecha límite para interponer un recurso, por lo que la justicia nunca examinó estos argumentos.
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La Comisión de Gracias y Liberaciones Condicionales de Georgia rechazó el lunes un recurso de los abogados de Sallie, que ya no contaba más que con la Corte Suprema.
El ritmo de las ejecuciones se ha reducido en Estados Unidos debido a varios factores desfavorables a la pena de muerte, entre ellos la escasez de sustancias utilizadas para las inyecciones letales.
Pero en Georgia la tendencia es la inversa y lo que va de año cumplió más penas de muerte que Texas, el estado que más ejecuciones lleva a cabo de todo el país.
“Probablemente, uno de los principales problemas del sistema (penal) de Georgia es que no proporciona un abogado a las personas (juzgadas), lo que explica por qué lleva a cabo tantas ejecuciones”, comentó esta semana Norman Fletcher, expresidente de la Corte Suprema de este estado.
No obstante, considera que es un problema federal, pues “la Corte Suprema de Estados Unidos no ha dictaminado que la Constitución garantiza el derecho a un abogado durante el crítico periodo posterior a la sentencia en las cortes estatales”, escribió en una columna del diario The New York Times”.
