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El ala más extrema de la derecha israelí sueña con anexar Cisjordania

El ala más radical de la derecha israelí sueña con anexar una amplia parte de los territorios palestinos beneficiándose de un proyecto de ley que alarma a la comunidad internacional y que debería superar una etapa más el miércoles bajo la presión del lobby de la colonización.

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El Parlamento israelí se pronunciará, y en principio adoptará el miércoles en primera lectura el texto, que significaría legalizar según el derecho israelí 4.000 viviendas de colonos construidas en la Cisjordania ocupada en tierras privadas palestinas.

Cerca de 400.000 colonos israelíes viven ya en Cisjordania bajo la protección del ejército israelí, que ocupa el territorio. Viven una coexistencia a veces conflictiva con 2,6 millones de palestinos que esperan la creación un Estado independiente del que Cisjordania sería una parte.

Para la comunidad internacional, todas las colonias, o sea las implantaciones civiles israelíes en tierras ocupadas, son ilegales. No distingue entre las reconocidas o no por la ley que Israel aplica a la mayoría de Cisjordania. Todas las colonias son para ella un obstáculo mayor a una paz que parece cada vez más difícil de lograr.

A la comunidad internacional le preocupa la dinámica generada por la ley que está en proceso de examen, impulsada por el lobby de la colonización apoyado por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que favorece a los defensores de los colonos y a los adversarios de un Estado palestino independiente.

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolay Mladenov, reiteró el martes en un comunicado que, si la ley es adoptada, “tendrá consecuencias legales considerables” y “reducirá ampliamente las perspectivas de paz árabo-israelí”.

“Las colonias son uno de los principales obstáculos para la paz”, dijo, lo que cuestiona el gobierno israelí, que es uno de los más a la derecha de la historia.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su preocupación por esta iniciativa, que calificó como “profundamente nociva”.

“Aprobar esta ley sería profundamente nocivo en la perspectiva de una solución para los dos estados”, dijo Mark Toner, vocero del departamento de Estado.

“También estamos preocupados por comentarios que hemos oído de algunas figuras políticas en Israel sobre que ésto sería el primer paso en la anexión de partes de Cisjordania”.

Es “la ley más peligrosa pronunciada por Israel desde 1967”, a inicios de la ocupación de Cisjordania por Israel, dijo a la AFP Walid Assaf, ministro palestino encargado del asunto de la colonización.

– Sacrifican a Amona –

El texto fue aprobado en la noche del lunes al martes en el Parlamento por 60 votos contra 49. Se trata de un votación preliminar y antes de convertirse en ley debe pasar tres lecturas parlamentarias y luego probablemente un examen de constitucionalidad de la Corte suprema.

El procurador general Avichaï Mandelblit, personaje central en el sistema legal israelí y quien se supone debe defender las posiciones del gobierno, considera que el proyecto no es conforme a los derechos israelí e internacional, según la prensa israelí.

Pero la votación de la noche ya fue saludada como un momento “histórico” por Naftali Bennett, uno de los pesos pesados del gobierno y uno de los abogados de los colonos.

Con esta votación, la Knesset se salió de la línea que conduce a un Estado palestino y gira hacia otra que lleva a la “soberanía sobre la Judea-Samaria”, nombre dado por los israelíes a Cisjordania, dijo Bennet, quien había proclamado que con la victoria de Donald Trump en la presidencial estadounidense, la idea de un Estado palestino ya está superada.

Isaac Herzog, jefe de la oposición de izquierda dividida, denunció por su parte el texto como un suicidio nacional.

El proyecto de ley es el fruto de un compromiso entre Benjamin Netanyahu y Naftali Bennett, jefe del Hogar judío, quien no dudó en poner a prueba la cohesión gubernamental para que avanzara su idea.

El acuerdo deja sin embargo por fuera la colonia (ilegal para Israel) de Amona, que debe ser demolida tras una decisión de la Corte suprema antes del 25 de diciembre.

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