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El gobierno británico defendió este lunes en la Corte Suprema que la ley le permite romper con la Unión Europea sin consultar al Parlamento, en la primera jornada de audiencias para revertir un fallo judicial que afirmaba lo contrario.
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La Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que el gobierno de Theresa May no tenía la autoridad para invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida de la Unión Europea, enfureciendo a los partidarios del Brexit, que ganaron el referéndum del 23 de junio por 52% a 48%.
La Corte Suprema británica examina hasta el jueves la apelación del gobierno de Theresa May, la última oportunidad de la primera ministra de librarse de la tutela de un Parlamento proeuropeo en el farragoso proceso de salida, que se espera que dure al menos dos años.
“Es muy importante que estemos en medida de lograr el mejor acuerdo posible, y ello significa no tener las manos atadas durante las negociaciones”, dijo una portavoz del gobierno.
La decisión de 11 jueces más altos del país -por primera vez reunidos todos en una causa- se conocerá a principios de 2017, pero los expertos legales dan pocas posibilidades al gobierno de ganar el caso.
El martes, y por segundo día, el abogado James Eadie seguirá explicando la posición del gobierno, antes de ceder el turno a la otra parte. Los magistrados le recordaron este lunes que, si el ingreso en la UE “fue el resultado de un esfuerzo conjunto (del parlamento y el gobierno), ¿no tendría que ocurrir lo mismo con la salida?”.
– Un ambiente caldeado –
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La primera audiencia transcurrió con partidarios y detractores del Brexit manifestándose a las puertas del tribunal, y con una declaración del presidente de la más alta instancia judicial del país, Lord David Neuberger, llamando a la moderación en respuesta a las amenazas recibidas por los demandantes, avisando de que existen “poderes legales” para ocuparse de ellas.
Neuberger dijo que los jueces “son conscientes de los sentimientos encendidos” que rodean al Brexit, pero que “esas cuestiones políticas más amplias no son el tema de esta apelación”.
“Esta apelación se refiere a aspectos legales, y, como jueces, nuestro deber es considerar estos temas imparcialmente, y resolver el caso de acuerdo a la ley”, estimó.
El gobierno defiende que es la máxima autoridad en Relaciones Exteriores y que tiene la potestad de retirarse de tratados internacionales.
Pero los demandantes, encabezados por la directora de un fondo de inversiones, Gina Miller, sostienen que el Brexit dejaría sin valor algunas leyes nacionales y despojaría a los ciudadanos de ciertos derechos -el del pasaporte comunitario, por ejemplo-, algo que sólo el Parlamento puede autorizar.
– Escocia y Gales también quieren voz y voto –
Una complicación añadida para el gobierno es la presencia en la causa, como partes, de los gobiernos regionales de Escocia y Gales, que esperan que sus Parlamentos también tengan que votar para activar la salida de la UE.
Un veredicto semejante podría alterar completamente el calendario de May para salir de la UE y provocar una crisis constitucional entre las diferentes partes constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).
Aún así, no es espera que el Parlamento, la mayoría de cuyos miembros son proeuropeos, dé marcha atrás al Brexit, pero sí podría darle forma. Así, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, advirtió este fin de semana que velara para que el Reino Unido mantenga “un acuerdo comercial con Europa”.
El tribunal examinará también la apelación del norirlandés Raymond McCord, activista por los derechos de las víctimas del conflicto del Úlster, que quiere que el Parlamento norirlandés tenga voz y voto en el Brexit.
McCord teme que si el Reino Unido abandona la UE, se retire igualmente de la Convención europea de derechos humanos, haciendo peligrar su cruzada personal para que se haga justicia en el asesinato de su hijo.
