La constructora brasileña Andrade Gutierrez admitió la existencia de un cártel para conseguir las obras de estadios del Mundial de fútbol 2014, en una nueva revelación sobre el alcance de la corrupción en la mayor economía latinoamericana.
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“Hay indicios de que por lo menos cinco licitaciones relacionadas con obras de estadios de la Copa del Mundo fueron objeto de cártel, entre ellas el Arena Pernambuco, en Recife, y el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro”, precisó este lunes en un comunicado el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Andrade Gutierrez firmó el lunes un acuerdo con el Cade para colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción de las eventuales multas que debería pagar, como parte de un proceso derivado de la “Operación Lava Jato” (Lavadero de autos), la investigación que reveló una monumental red de corrupción enquistada en Petrobras.
El Cade señaló que la confesión aportó indicios que involucran a otras empresas, como Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS, todas ligadas igualmente al fraude en la petrolera estatal.
El arreglo para eliminar la competencia en las licitaciones de las obras comenzó en octubre de 2007 y se extendió hasta 2011, “momento en el que fueron definidos todos los estadios en sus respectivas sedes”, señaló el organismo.
En 2013 millones de brasileños salieron a las calles para manifestar contra las millonarias inversiones públicas en la organización del Mundial, en detrimento de sectores más necesitados como la educación, la salud y los transportes.
La renovación del mítico estado de maracaná Maracaná costó casi 600 millones de dólares, el doble de lo presupuestado inicialmente.
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Cuando la Fifa atribuyó en 2007 el Mundial a Brasil, el entonces presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió que las obras se financiarían en totalidad con capitales privados.
Pero la falta de entusiasmo de los inversores obligó a los poderes públicos a cargar la cuenta sobre los contribuyentes brasileños.
– Inmunidad –
En los últimos dos años Brasil se ha visto sacudido por una avalancha de denuncias de corrupción contra figuras políticas y empresarios que desataron una profunda crisis política.
Más de cincuenta legisladores están bajo investigación por el caso Petrobras y el acuerdo alcanzado entre el grupo de ingeniería Odebrecht con la Justicia amenaza con sumar muchos nombres a la lista. Odebrecht terminó de cerrar la semana pasada un convenio por el cual se compromete además a pagar una compensación de 6.800 millones de reales (unos 1.800 millones de dólares) por sus infracciones.
Los convenios con el Cade permiten que la primera compañía que los suscriba voluntariamente no pague multas, o consiga una reducción de uno a dos tercios del castigo. El acuerdo puede incluso conceder inmunidad penal a los involucrados, a cambio de que pongan fin a ese proceder, confiesen sus ilícitos y cooperen con las investigaciones.
Las restantes compañías involucradas, de ser halladas culpables, enfrentan condenas administrativas que potencialmente pueden llegar hasta el 20% de su facturación bruta.
Este es el tercer acuerdo que firma Andrade Gutierrez con el organismo, que sólo accede a este tipo de negociación si aún no cuenta con pruebas suficientes como para condenar a los investigados.
El Cade informó que abrirá un proceso sobre el cártel denunciado, cuyo funcionamiento es similar al detectado en la trama que drenó más de 2.000 millones de dólares de Petrobras: las empresas se distribuían las obras de acuerdo a su conveniencia y luego simulaban pujar en las licitaciones que ya habían sido acordadas de antemano.
