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Miles de brasileños protestaron este domingo contra la corrupción política y en apoyo a los investigadores del emblemático caso Petrobras, en momentos en que el país vive un crudo enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial.
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Con epicentro en Rio de Janeiro, Brasilia y por la tarde en Sao Paulo, en protestas extendidas también a decenas de otras ciudades, los manifestantes fueron convocados por muchas de las organizaciones que apoyaron la destitución de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, reemplazada definitivamente en agosto por su exvicepresidente Michel Temer.
“Operación Lava Jato, defendida por el pueblo”, decía un cartel en Rio de Janeiro, que resumía el reclamo central: proteger la investigación que reveló un esquema de desvíos multimillonarios de la petrolera estatal al sistema político.
En Brasilia unas 5.000 personas se reunieron frente al Congreso y colocaron paneles flotantes con ratas dibujadas sobre las grandes piletas que anteceden a la entrada principal del edificio. Una pancarta con la leyenda “Fuera Renan” decoraba un camión desde donde los organizadores arengaban a los manifestantes.
Renan Calheiros, el poderoso presidente del Senado, fue el blanco principal de los ataques. Aliado clave de Temer y miembro de su partido, enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos en Petrobras.
“Es hora de que pague. Queremos limpiar esta banda de ladrones, queremos limpiar a Brasil, queremos un Brasil nuevo”, dijo en la capital Emilia Duarte, una asesora de empresas de 56 años que sostenía un muñeco inflado con la imagen del juez Sergio Moro ataviado de superhéroe.
Moro, un joven magistrado de Curitiba (sur), se convirtió en un emblema de la batalla contra la corrupción luego de que sus fallos enviaran a prisión a empresarios y figuras políticas.
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El jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, otro aliado de Temer y el primero en la línea de sucesión presidencial, también fue cuestionado.
“Estuvimos en la calle para apoyar el impeachment de Rousseff pero los políticos no pueden relajarse, deben saber que seguiremos en la calle contra todos ellos, contra toda esta corrupción generalizada”, dice Paula Suarez, una artista plástica de 51 años que participó de la manifestación en Sao Paulo que llegó a reunir a unas 15.000 personas en la céntrica Avenida Paulista, según la Policía Militar.
Por la noche, una breve nota de la Presidencia destacó “la fuerza y vitalidad de nuestra democracia” y enfatizó en que “es necesario que los poderes de la República estén siempre atentos a las reivindicaciones de la población brasileña”.
– Lucha de poderes –
La crisis política brasileña, que llevó al impeachment (juicio político) de Rousseff y a su reemplazo por el gobierno conservador que encabeza Temer, tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando la Cámara de Diputados alteró profundamente un paquete anticorrupción enviado por los fiscales de Petrobras, que fue apoyado por más de dos millones de firmas.
En una votación realizada durante la madrugada los diputados agregaron una enmienda que permite incriminar a los propios investigadores que habían elaborado el proyecto.
El equipo de procuradores de la “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), como se conoce a la causa de la estatal, amenazó con renunciar y, casi en simultáneo, Calheiros intentó que el Senado votara el polémico proyecto en forma urgente, desatando la furia de muchos brasileños que la noche del miércoles golpearon sus cacerolas en señal de protesta.
Calheiros, que había fijado para el martes el tratamiento de un proyecto de su autoría para limitar posibles “abusos” del Poder Judicial, divulgó una nota al mediodía del domingo: “Las manifestaciones son legítimas y deben ser respetadas (…), el Senado continúa permeable y sensible a las demandas sociales”.
Muchos manifestantes también pedían la eliminación de los fueros privilegiados, que impiden que políticos con cargos vigentes sean juzgados por la justicia ordinaria. Sus casos son remitidos a la corte suprema, donde suelen tramitarse más lentamente, como fue el ejemplo de una denuncia contra el propio Calheiros, recibida esta semana tres años después de haber sido presentada.
“Es la primera vez que la gente está marchando junta. Esperamos que se unan todas las facciones y las divisiones ideológicas”, dijo Sergio Giacomo, un profesor universitario de 50 años en Rio de Janeiro.
El dique de leyes que busca montar el Congreso para limitar las acciones del Poder Judicial coincide con la firma de un acuerdo de “delación premiada” entre las autoridades y el grupo de ingeniería Odebrecht, que jugó un rol central en la confabulación política-empresarial de Petrobras y que aportaría muchos nombres nuevos a la lista de sospechosos.
El pacto suscrito prevé una reducción de las condenas de los involucrados a cambio de información sobre el caso.
