Ruanda abrió este martes una investigación judicial sobre la posible implicación de 20 funcionarios franceses en el genocidio de 1994 que dejó 800.000 muertos, anunció el fiscal general.
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“La investigación por ahora está centrada en 20 individuos que, según las informaciones recogidas, deberán responder a la fiscalía para explicar o aclarar las acusaciones en su contra”, indicó en un comunicado el fiscal general, Richard Muhumuza.
Esta permitirá a los fiscales dirimir “si los individuos implicados deberían ser acusados formalmente o no”.
Muhumuza dijo que se había contactado con las autoridades francesas y que esperaban que la cooperación fuera plena.
El caso podría empeorar todavía más las tensas relaciones diplomáticas que mantienen ambos países, que ya han atravesado varios episodios polémicos en los últimos 22 años a raíz del supuesto papel de Francia en el genocidio de la etnia tutsi, a manos de los extremistas hutu.
La disputa se centra en el papel de Francia antes del genocidio, como un aliado del régimen nacionalista hutu de Juvenal Habyarimana. El 6 de abril de 1994, el avión de Habyarimana fue derribado sobre Kigali, lo que desencadenó 100 días de una matanza meticulosamente planeada.
Francia está acusada de no haber percibido o haber ignorado las señales de alarma y de haber entrenado a los soldados y las milicias que llevaron a cabo los asesinatos. Cuando el genocidio estaba sucediendo, se acusó a Francia de utilizar sus influencias diplomáticas para frenar cualquier acción efectiva.
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Cuando París envió finalmente tropas, a través de la Operación Turquesa, se le acusó de hacerlo únicamente para contrarrestar el avance de los rebeldes tutsi de Kagame y permitir a los ejecutores escapar al vecino Zaire, hoy en día, República Democrática del Congo.
Francia, sin embargo, defiende que su despliegue sirvió para acabar con las matanzas y que salvó miles de vidas.
Francia insiste en que cualquier responsabilidad por no haber conseguido impedir el genocidio debe ser compartida con la comunidad internacional.
