El tribunal anticorrupción de Afganistán celebró sus primeras audiencias públicas en Kabul, el primer paso de un largo camino hacia la transparencia en uno de los países más corruptos del mundo.
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El Centro de justicia penal contra la corrupción, instalado por decreto del presidente Ashraf Ghani, tiene por vocación perseguir a los poderosos inmersos en los mayores casos de corrupción del país.
Y, según Transparency International, no son pocos: la ONG coloca a Afganistán en los últimos puestos, junto a Corea del Norte y Somalia, en su clasificación anual.
“Es un momento muy importante que terminará con la impunidad. Podemos esperar que remontará hasta los más altos niveles del Estado, hasta exministros y personas importantes a las que nadie a molestado hasta ahora”, asegura Yama Torabi, presidente del Comité para la Observación de la Corrupción (MEC), un organismo afgano independiente.
El Centro penal anticorrupción, prometido en mayo por el presidente Ghani a la comunidad internacional, involucra a fiscales, jueces e investigadores de la policía criminal, recuerda Torabi.
Para sus primeros cuatro meses de funcionamiento, cuenta con un presupuesto de medio millón de dólares.
El organismo está presidido por un joven magistrado de 32 años, Mohamed Alif Urfani.
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– Amenazas y presiones –
Urfani se enfrenta a dos tipos de amenazas: “En el seno del propio gobierno hay personas que no desean que el centro funcione” y, por otro lado, “los talibanes no quieren que el gobierno salga reforzado”, explica a la AFP.
Padre de dos niños, el juez cuenta que cuenta con una protección sólida: “No he recibido amenazas directas, pero la presión forzosamente aumentará cuando lleguen casos importantes”.
“Los policías que detuvieron a un general en el ministerio de Defensa han recibido amenazas telefónicas”, explicó.
Treinta y cinco personas, entre ellas 14 jueces, han sido destinadas al centro, compuesto de un tribunal de primera instancia y uno de apelación.
“Cada currículum ha sido meticulosamente verificado”, asegura a la AFP el portavoz del fiscal general, Jamshid Rasouli.
En la actualidad trabajan en 55 casos y 31 sospechosos se encuentran entre rejas y “cinco ministerios” en el punto de mira, así como el Banco Central de Afganistán y la autoridad encargada de los documentos nacionales de identidad, precisa Urfani.
A mediados de noviembre, el Tribunal pronunció su primera condena: dos años y seis meses de prisión a un fiscal por exigir un soborno de 50.000 afghanis (769 dólares) a la familia de un preso a cambio de liberarlo.
El delito parece menor frente a los 1.000 millones de dólares del Kabul Bank malversados en 2011, por los cuales el hermano del expresidente Hamid Karzai fue inculpado.
“La suma (de 760 dólares) es pequeña, pero el acusado era un general con galones”, recuerda el juez Urfani.
“Hemos probado que podemos llevar ante la justicia a oficiales de alto rango, y esto no es más que el principio”, asegura.
El magistrado lamenta la “impaciencia” de los afganos: “Algunos casos llevan años. Para juzgar a un ministro de Justicia hacen falta pruebas y detener a las personas implicadas. Si vamos demasiado rápido, perderemos”.
