Colombia firmó un revisado acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de que el original fuera rechazado en las urnas, pero lograr el fin de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla es una carrera de obstáculos que apenas comienza.
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A continuación, los principales retos que afronta para su implementación el texto rubricado el jueves entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (marxistas), principal y más antiguo grupo rebelde del país.
1. La refrendación
Tras la derrota del primer acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre, las partes convinieron que el texto revisado para incluir reivindicaciones de la oposición, sea refrendado en el Congreso. El debate debe comenzar el próximo martes.
Los analistas consultados por la AFP coincidieron en que este primer paso “no será tan difícil” de sortear. “La aprobación no será un problema porque el presidente tiene mayoría en el Congreso”, explicó el politólogo Frédéric Massé.
2. Necesidad de un ‘fast track’
Para poderse implementar, el pacto necesita de leyes y reformas constitucionales cuyo debate puede demorarse más de un año, a no ser que el Congreso cuente con el ‘fast track’ (vía rápida), un procedimiento para tramitar de forma expedita las normas. Sobre este tema debe pronunciarse la Corte Constitucional.
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“Todo parece indicar que va a activar el ‘fast track’, lo cual hará más ágil la implementación legal de los acuerdos”, opinó Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.
Según Massé, aún cuando el gobierno cuenta con mayorías en el Congreso, la falta de un ‘fast track’ puede complicar o demorar la incorporación del acuerdo en la legislación colombiana. “Algunos legisladores podrían pensar más en su futuro o en el de su partido que en el acuerdo de paz mismo”, dijo el director del centro de investigaciones CIPE de la Universidad Externado de Colombia.
3. Escollos políticos
El revisado acuerdo incorpora aspectos cuestionados por los ganadores del plebiscito. Pero la oposición liderada por el más feroz contradictor del pacto, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, ya anunció su intención de contestar los puntos que considera siguen concediendo “impunidad” a las FARC.
Este escenario de país polarizado, sumado al clima preelectoral con miras a las presidenciales de 2018, puede complicar la efectivización del acuerdo, haciendo “inestable” la implementación, según Johnson.
“La contienda política del año que viene podrá obstaculizar las acciones de puesta en marcha de lo pactado”, señaló Jorge Restrepo, director del centro de análisis del conflicto CERAC.
“Y si la oposición gana las elecciones, será aún mas complicado implementar”, apuntó Massé.
4. Violencia y amenaza del ELN
Colombia está atravesada por conflictos que generan violencia: reparto de tierras, disputas del crimen organizado, rencillas políticas, dijo con preocupación Restrepo, subrayando el desafío que supone “frenar la transformación de la violencia”.
“Al desaparecer las FARC, pueden aparecer más demandas de violencia para responder a esas conflictividades, y lo que es peor, esas formas de violencia y armas del conflicto pueden ir a ‘atender’ otras conflictividades”, señaló.
Tanto Restrepo como Massé alertaron contra la amenaza de seguridad que supone el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla de Colombia, con la que las negociaciones para alcanzar la “paz completa” están en suspenso porque los rebeldes no liberan a un excongresista.
“A menos de que haya un cese al fuego bilateral con el ELN desde el inicio, habrá combates con el ELN en zonas donde hay presencia de las FARC, lo que puede crear un clima de confusión”, señaló Massé.
Restrepo también recordó los otros muchos grupos criminales que operan en Colombia. “Necesitamos un desarme integral que no está en los acuerdos, un desarme de la sociedad, con descontaminación completa, sostenida, progresiva de armas”, dijo.
5. El factor Trump
Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, de retórica incendiaria y rumbo aún imprevisible, puede ser un problema para la paz de Colombia, poniendo en riesgo incluso los 450 millones de dólares de apoyo prometidos por Washington para financiar el posconflicto, opinaron varios analistas.
“No sabemos qué opina la administración Trump sobre el acuerdo de paz, pero podemos pensar que sobre algunos temas, como fumigación de cultivos ilícitos y extradición de narcotraficantes, será bastante más radical de lo que fue (el saliente presidente Barack) Obama”, señaló Massé.
Restrepo coincidió. “Por el giro a la derecha, por la pérdida de un aliado enorme para la implementación, será un obstáculo”, indicó. “En la política antidrogas, que está en el corazón del acuerdo, será un opositor, ni siquiera un obstáculo”, agregó.