La justicia egipcia acaba de anular dos sentencias contra el expresidente islamista Mohamed Mursi y sus partidarios, decisiones que no permiten no obstante augurar un giro en la línea represiva del jefe de Estado, Abdel Fatah al Sisi.
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El Tribunal de Casación anuló este martes la condena de cadena perpetua dictada contra Mursi en un proceso por espionaje y ordenó un nuevo juicio en este caso. Hace una semana, este tribunal había anulado su condena de muerte en otro caso.
Estas decisiones revelan la falta de “pruebas” y los “vicios jurídicos” que enturbian los procesos “politizados” al expresidente, según los expertos, pero no señalan un cambio en la política de represión contra los Hermanos Musulmanes.
El expresidente islamista y sus partidarios son víctimas de una brutal represión desde que fuera derrocado en julio de 2013 por el exjefe del ejército Abdel Fatah al Sisi, que dirige desde entonces el país con mano de hierro.
“La mayoría de los procesos en los que el expresidente ha sido condenado no están fundados en pruebas suficientes. El fiscal se basa en informes de los servicios de seguridad”, explica a AFP Mustafa Kamel Al Sayyed, profesor de ciencias políticas en la Universidad de El Cairo.
En total, la corte anuló el martes las penas de 22 acusados detenidos en un juicio por espionaje en provecho del movimiento palestino Hamas, del Hezbolá libanés y de Irán.
El millonario empresario Jairat al Shater y Mohamed al Beltagui habían sido condenados a muerte. El guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, y el expresidente del parlamento, Saad al-Katatni, fueron sentenciados a cadena perpetua, que equivale a 25 años de detención.
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Los condenados estaban acusados de haber entregado “informes de seguridad” a Irán y de espionaje a favor de Hamas y del Hezbolá “para llevar a cabo ataques terroristas en el país y para sembrar el caos y derrocar al Estado”.
– Veredictos ‘politizados’ –
La semana pasada, el Tribunal de Casación ya había anulado la condena de muerte contra Mursi por su papel en la evasión masiva de prisioneros y ataques contra la policía durante la revuelta de 2011 que sacó del poder a Hosni Mubarak.
“El Tribunal de Casación, a lo largo de su historia, siempre se mantuvo lejos de las cuestiones políticas”, asegura Abdel Moneim Abdel Maqsud, uno de los abogados de Mursi.
“Hay veredictos que no respetan la aplicación de la ley, y son entonces anulados”, añadió, precisando que la decisión judicial suspendida el martes estaba “llena de vicios jurídicos”.
En el pasado, este tribunal anuló decenas de penas de muerte o cadenas perpetuas pronunciadas en primera instancia contra seguidores de Mursi.
“Estas decisiones demuestran que los veredictos en primera instancia estaban politizados”, confirma Gamal Eid, destacado abogado defensor de los derechos humanos.
En otro proceso por espionaje, Mursi fue condenado de nuevo a cadena perpetua, junto a otros 10 coacusados por robo de “documentos pertenecientes a la seguridad nacional” y entrega a Catar, según el acto de acusación.
El Tribunal de Casación tiene que empezar a estudiar a partir del 27 de noviembre la apelación interpuesta por Mursi en este caso.
En las semanas consecutivas al derrocamiento de Mursi, más de 1.400 manifestantes islamistas murieron víctimas de la represión.
Decenas de miles de personas fueron detenidas y centenares condenadas a muerte en juicios expeditivos denunciados por la ONU como “sin precedentes en la historia reciente” del mundo.
Para los expertos, las autoridades continuarán con esta represión. El poder “mantendrá a los Hermanos Musulmanes en la cárcel y continuará traduciéndolo en justicia”, estima Kamel Al Sayyed.
