Centenares de construcciones en los pueblos de la minoría rohingya del oeste de Birmania fueron incendiadas, revelan este domingo nuevas imágenes de satélite publicadas por Human Rights Watch de esta región, en donde estallaron nuevos enfrentamientos.
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El norte del Estado de Rakhine, fronterizo con Bangladesh y poblado por la minoría musulmana rohingya, está en estado de emergencia desde que unos ataques sorpresa en puestos fronterizos dejaran nueve policías muertos el mes pasado.
Los soldados birmanos mataron a varias docenas de personas y detuvieron a montones en la búsqueda de los responsables de los ataques, que según el gobierno, son militantes rohingyas radicalizados en contacto con islamistas fuera del país.
El sábado se registraron nuevos incidentes violentos. Dos soldados y seis atacantes murieron, según los militares que, dijeron, enviaron helicópteros artillados para repeler una emboscada.
La crisis y las informaciones de graves abusos de los derechos humanos que se cometen en este periodo de estado de emergencia aumentó la presión internacional sobre el nuevo gobierno civil birmano y plantea interrogantes sobre su capacidad para controlar a los militares.
Las autoridades restringieron el acceso al área, lo que dificulta la constatación independentiente de los informes del gobierno o de las acusaciones de abusos de los militares.
Human Rights Watch publicó nuevas imágenes de satélite que muestran, alega la organización, evidencia de masivos incendios voluntarios en pueblos rohingya.
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Su análisis muestra más de 400 construcciones incendiadas en tres localidades rohingya en donde se registraron enfrentamientos.
El grupo indicó que el fuego y las marcas que deja señala que la mayoría de las destrucciones fueron causadas por incendios voluntarios.
La últimas imágenes fueron tomadas el 10 de noviembre.
Brad Adams, el director para Asia de HRW, dijo que las nuevas fotos muestran “una extendida destrucción” que era “más importante de lo que creímos inicialmente”.
El gobierno y los militares rechazaron las acusaciones que señalan como responsables de los incendios a las tropas birmanas y acusaron a los rebeldes.
Este nuevo brote de violencia ahonda y complicó una crisis que ya plantea un desafío crítico al nuevo gobierno dirigido por Aung San Suu Kyi.
Los disturbios hacen temer que se repitan los enfrentamientos interreligiosos de 2012, que dejaron más de 100 muertos y decenas de miles de desplazados.
Más de 100.000 personas, en su mayoría rohingya, se vieron obligadas a dejar sus hogares e ingresar en campamentos y desde entonces siguen sin poder regresar.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que se les restringe sus movimientos y piden a Suu Kyi que encuentre una solución.
Los budistas nacionalistas se oponen a toda concesión que garantice a los rohingyas la ciudadanía y alegan que esta perseguida minoría está compuesta por inmigrantes ilegales provenientes de Bangladés.
