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En la Gran Vía, gran arteria comercial de Madrid, una juguetería que vende muñecas hechas a mano desde 1942 se prepara a echar el cierre tras las fiestas navideñas, como otros miles de pequeñas tiendas víctimas de una revisión de alquileres comerciales.
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Aunque el negocio se ha mantenido durante la crisis económica, este comercio, gestionado por la misma familia desde que abrió, no puede permitirse la repentina subida del alquiler que se producirá al acabar a finales de año décadas de rentas controladas.
“He vivido aquí. Emocionalmente es muy duro”, dice Susana Ezharriaga, de 46 años, que dirige la tienda junto a sus cuatro hermanos, mientras los empleados desempaquetan un último cargamento.
Pagan un alquiler de los conocidos como de ‘renta antigua’, de unos 10.000 euros (12.500 dólares) mensuales, pero los propietarios del local piden 35.000 euros a partir de enero. Una cantidad que sólo puede permitirse una gran cadena, afirma.
Han convencido a sus caseros para que les dejen quedarse en la tienda hasta Reyes, el 6 de enero, cuando realizan sus mayores ventas del año.
Después intentarán encontrar un local más barato lejos del centro, donde puedan iniciar una nueva versión de la tienda que fundó su abuela.
En España, unos 200.000 comercios, bares y restaurantes están afectados por esta revisión de alquileres, y entre 65.000 y 70.000 podrían verse obligados a cerrar, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La mayoría son negocios familiares.
Se perderán unos 200.000 empleos, ya que cada tienda emplea unas tres personas de media, añade.