La trágica noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron 43 estudiantes algo en México cambió: dos meses después, la indignación no cede en las calles y el gobierno se ve obligado a dar un golpe de timón para enfrentar la impunidad y corrupción.
El presidente Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en dos años en el poder, anunciará el jueves reformas en la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado.
El gobierno deberá tomar “acciones de fondo y que van a convocar a un esfuerzo colectivo, del Congreso, de la sociedad, de su participación para encontrar la mejor ruta” que evite que se repitan episodios dramáticos como el de los estudiantes, adelantó este martes Peña Nieto.
El plan, para cuya ejecución se creará una comisión de todos los poderes del Estado, establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.
La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico. Los jóvenes fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.
Según las autoridades, tres sicarios narcos detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos calcinados y triturados.
México aún no se repone de esa noche de horror. “Marcó un despertar civil. La clase política está en entredicho, pero el país se topó de frente con la cruda realidad que muchos no querían ver”, opinó Jorge Hernández, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
AFP