Foto: AFP
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La fiscalía española inició este viernes las acciones legales contra el presidente catalán Artur Mas a quien acusa de desobediencia por haber organizado el 9 de noviembre la simbólica consulta sobre la independencia que había sido prohibida por la justicia.
El ministerio público presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la región una querella criminal contra Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la responsable regional de Educación Irene Rigau por delitos de “desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones”.
La fiscalía general del Estado anunció el miércoles este procedimiento a raíz de la simbólica votación en la que participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80% se posicionaron a favor de la independencia de Cataluña.
La consulta, anunciada por Artur Mas y organizada por el departamento de su vicepresidenta, fue gestionada por voluntarios en escuelas públicas de la región, motivo por el cual está también imputada la responsable de Enseñanza, de quien dependen los centros.
Una condena por desobediencia puede conllevar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la malversación de fondos públicos puede comportar penas de tres a seis años de prisión.
AFP