Giovanni Fratti

Imperiosa necesidad de una justicia de juristas notables y esforzados

Por Publinews

Abogado y notario, periodista independiente y catedrático universitario. Abogado y notario, periodista independiente y catedrático universitario.

El sistema de comisiones de postulación naturalmente genera interés en la opinión pública guatemalteca, especialmente en lo referente a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.

En este proceso están involucrados todos los Decanos de Derecho de las universidades del país y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, al igual que el Rector de la Universidad de San Carlos, quien preside todo el proceso. Se debe privilegiar, es mi opinión, a partes iguales, tanto el mérito académico probado como la experiencia, tanto laboral en el organismo judicial y como en la carrera de abogado litigante.

Es un sistema que en esta oportunidad y en otras anteriores, ha desatado muchísimas críticas por injerencias tanto extranjeras como internas. En esta oportunidad también se ha dejado ver un conflicto de intereses irreconciliable, pues postuladores de una comisión son candidatos a cargos en la otra y viceversa, con lo cual indefectiblemente estos abogados caen en el dilema de ser juez y parte. No podemos escoger mercenarios judiciales, no podemos caer en conflictos irreconciliables que pongan en duda el proceso, así como no podemos condenar a ultranza a actores legítimos internos en el proceso, tanto derecho tienen las ONG de izquierda y de derechos humanos en opinar en el proceso de comisiones de postulación, como lo tiene el sector privado organizado y cualquier otro grupo de guatemaltecos de supervisar el proceso de designación de jueces y magistrados.

Ese es todo el propósito de la Ley de Comisiones de Postulación, visibilizar el proceso de forma que toda la sociedad y todos los medios de comunicación puedan ver las deliberaciones de los comisionados, los criterios de selección, y con ello tirar una necesaria y justa luz pública sobre todo el proceso.

Ni el sector privado es un actor ilegítimo, como tampoco lo son las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos plegadas a la ideología política de izquierda. Lo que es muy lamentable es que existan muchas de esas ONG que con dinero extranjero quieran presionar o influir en este proceso interno por excelencia, que es la designación de los magistrados a las más altas cortes de los tribunales del país.

Lo que es ilegítimo es desprestigiar a un grupo por ser representativo de cámaras empresariales solo por ese mismo hecho, y lo que es ilegítimo es la proliferación de universidades y facultades de Derecho casi que de papel, con tal de entrar al oscuro mundo de tráfico de influencias e intereses en la justicia guatemalteca. Debemos exigir el retiro del dinero de la cooperación extranjera de todos los procesos de política interna guatemalteca, debemos exigir que se detenga la descalificación antojadiza de actores internos legítimos dentro de los grupos del cuerpo político guatemalteco, de todos los bandos y debemos, claro, no cerrar los ojos a que grupos extremistas en el gobierno de Álvaro Colom y en el nefasto periodo de Claudia Paz y Paz se organizaron para cooptar el sistema de justicia y potenciar la protesta violenta y agresiva ilegal contra minas e hidroeléctricas, vengarse inventando un circo de falso genocidio violando groseramente garantías procesales y constitucionales y además, fomentar el conflicto permanente, violentando el derecho de propiedad con fallos abusivos al derecho humano a la propiedad privada.

La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los extremistas de toda la vida, deben llegar a las cortes juristas de reconocida honorabilidad que no representen sino una sola cosa: el más estricto apego al derecho y la justicia. El juez es solo sirviente de la Ley y la Constitución, y jamás debe representar a sector alguno.

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