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SAN JOSÉ. El parlamento costarricense aprobó un proyecto de ley que moderniza sus normas de protección del agua, impide su privatización y establece que el acceso al agua y saneamiento son derechos fundamentales, se informó este martes.
La Asamblea Legislativa, de 57 miembros, indicó en su sitio de internet que la ley de recurso hídrico fue votada a altas horas de la noche del lunes por 41 votos a favor y cuatro en contra.
El proyecto fue acogido en primer debate por el congreso y deberá contar con una segunda votación prevista inicialmente para el 22 de abril, antes de ir a sanción presidencial.
“Se plantea un manejo integral del recurso hídrico y se impone el derecho humano de acceso al agua, privilegiando el consumo humano, pero se evita la privatización. Es un paso monumental a favor de los sectores productivos”, sostuvo el diputado Claudio Monge, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación favorita para ganar los comicios presidenciales del domingo.
El proyecto, una iniciativa popular sometida al legislativo por un grupo de ambientalistas, busca actualizar la ley vigente de protección del agua, que data de 1942.
Según la propuesta, el agua es un bien de dominio público que debe ser protegido por el estado, e impide que los servicios de distribución del recurso hídrico tengan fines lucrativos.
Con la ley se crea la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, con la misión de investigar y proteger las fuentes acuáticas del país.
También se encargará de la limpieza de cauces de ríos, regular la descarga de aguas pluviales y el tratamiento de aguas residuales.
Costa Rica goza de una extendida fama de protección ambiental -ha logrado mantenerse libre de la minería a cielo abierto y exploraciones petroleras-, pero enfrenta problemas por una deficiente administración de las áreas protegidas, la creciente contaminación del aire, del suelo y de las fuentes de agua.
AFP
