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NUEVA YORK. El voto de la Asamblea General de la ONU este jueves condenando la anexión rusa de Crimea mostró las diferentes posiciones que la crisis en Ucrania provoca en América Latina, dividida entre intereses nacionales y alianzas internacionales.
La resolución presentada por Ucrania y apadrinada por las potencias occidentales y Costa Rica, y que no tiene carácter vinculante, fue aprobada por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones.
Chile, Colombia, Perú, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana apoyaron el texto en defensa del principio de integridad territorial y denunciando la ilegalidad del referéndum del 16 de marzo en Crimea, en el que la gran mayoría de la población de la península votó su incorporación a Rusia, aceptada por el Kremlin.
Votaron en contra de la resolución cuatro países del ALBA ((Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América): Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
Entre los que se abstuvieron se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y El Salvador.
La crisis en Ucrania tienen varias implicaciones diplomáticas y políticas para América Latina, además de la cuestión de los tradicionales alineamientos cercanos o no a Estados Unidos.
Una de estas cuestiones es la legalidad del referéndum y la posterior anexión rusa teniendo en cuenta la situación de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina, y donde en marzo de 2013 se aprobó en referéndum por un 99,8% seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido.
Otro tema es el origen de la crisis: la “Revolución de Maidan” en Ucrania, que terminó con la destitución en febrero pasado del presidente prorruso Viktor Yanukovich, es vista por algunos gobiernos latinoamericanos como un cambio de régimen forzado por Estados Unidos y sus aliados.
– Asfixia de gobiernos elegidos democráticamente –
Esta cuestión es de particular relevancia en el marco de la situación que se vive en Venezuela, donde protestas desde el 4 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro han dejado un saldo de 34 muertos y más de 400 heridos.
“Bolivia no puede quedar en silencio ante la interrupción de un proceso constitucional, ante la defenestración de un gobierno elegido por los votos”, dijo en ese sentido su embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, precisando que el voto no representaba “una adhesión ni condena a país en particular”.
“La frase ‘cambio de régimen’ se escucha en muchas latitudes de nuestro planeta, las mismas palabras y algunos de los mismos métodos para derrocar gobiernos democráticos que se utilizan desde hace varias décadas en todos los continentes. Se asfixian gobiernos elegidos democráticamente en nombre de la democracia”, denunció Llorenti.
El representante boliviano enumeró “el suministro de millones de dólares a través de ONGs, el bombardeo mediático, la desinformación y el financiamiento de la oposición en contra de gobiernos democráticamente elegidos”.
El representante cubano, Rodolfo Reyes, fue más duro aún, denunciando “el derrocamiento de manera violencia de un gobierno constitucional al precio de decenas de muertos y heridos mediante una intervención de Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN”.
– Abstenciones con matices –
Entre las abstenciones sobresalió sin duda la de Brasil, por su carácter de potencia regional, teniendo en cuenta el hecho de que es miembro del grupo BRICS de grandes economías emergentes, integrado también justamente por Rusia, junto a India, China y Sudáfrica.
“Brasil apoya todos los esfuerzos para una solución pacífica de la crisis e invita a la partes a un diálogo inclusivo”, dijo Antonio Patriota en un discurso en el que evitó pronunciarse abiertamente sobre la cuestión de Crimea. Los cuatro socios de Rusia en el BRICS se abstuvieron.
Argentina, que reiteró su posición “clara” sobre el principio de integridad territorial, criticó el “momento elegido” para presentar la resolución, asegurando que “camina en la dirección de limitar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos”, según su embajadora María Cristina Perceval.
En la misma sintonía, la representante uruguaya, Cristina Carrión, señaló que su país piensa que “la integridad territorial de los Estados constituye un principio de las Naciones Unidas”, pero que el proyecto comporta “elementos de índole política inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución”.
Los que apoyaron la resolución, por último, enarbolaron sin matices las cuestiones del respeto de la Carta de Naciones Unidas y la necesidad de frenar el recurso a las armas para resolver crisis.
“La autodeterminación, para ser real, debe estar precedida por el debate abierto, las reglas claras y aceptadas por las partes, la imparcialidad de las autoridades y la presentación de verdaderas opciones a la población”, dijo el embajador costarricense Eduardo Ulibarri, cuyo país copatrocinó la resolución.
“Nos preocupa que, ante disputas reales o artificiales, la primera acción haya sido el despliegue de fuerzas militares, no la apertura del diálogo”, agregó, una referencia importante en su caso teniendo en cuenta que Costa Rica no tiene fuerzas armadas.
AFP
