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SAN SALVADOR. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, aseguró este domingo que protegerá el archivo de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), que sólo estarán disponibles para familiares de víctimas.
“A nadie le permitiremos violar tales archivos (de la iglesia), para asegurar el resguardo de su confidencialidad, y que sólo estarían disponibles en favor de las víctimas en los casos judiciales”, declaró el arzobispo en una rueda de prensa en la céntrica catedral luego de oficiar la misa dominical.
Escobar aseguró que el jueves se reunió con familiares de las víctimas para prometerles que todos los casos que ventiló la oficina de Tutela Legal del arzobispado, serán retomados por una nueva dependencia que creará la iglesia.
La polémica surgió luego de que la Fiscalía y la Secretaría de Cultura, intentaran apropiarse de los archivos aprovechando una crisis interna de la iglesia que disolvió Tutela Legal, que fue creada en 1982 por el arzobispo Arturo Rivera, para dar seguimiento al Socorro Jurídico creado por el asesinado arzobispo Oscar Arnulfo Romero a fin de documentar la represión a los civiles.
El 18 de octubre, con una orden judicial, fiscales llegaron al arzobispado para realizar un allanamiento y secuestro de todos los documentos del archivo. Al final sólo lo inspeccionaron y colocaron cinta amarilla en las puertas.
Este domingo, Escobar reveló que el jueves se reunió con el Fiscal, Luis Martínez, quien le manifestó que “había decidido entregar a la iglesia el resguardo del archivo” de Tutela Legal, pero le pidió que en el futuro le brindara “toda la información pertinente” sobre hechos delictivos que tiene en investigación.
La decisión del fiscal se produjo un día antes de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara una demanda de amparo que el arzobispado le había presentado para evitar la pérdida de sus archivos.
El arzobispo dijo que la resolución de la CSJ “inhibe” a cualquier autoridad estatal “dictar actos que permitan el ingreso y acceso” a los expedientes porque sería una “violación a la garantía institucional de autonomía de la iglesia y el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas”.
Tutela Legal documentó unos 50.000 crímenes, lo cual sirvió de base para un informe que tras el fin de la guerra civil en 1992 presentó la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades cometidas.
El interés por el control del archivo se produce luego de que el pasado 21 de septiembre la CSJ aceptó un recurso contra la Ley de Amnistía que dejó sin castigo crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Si la ley fuera declarada inconstitucional, este archivo de la Iglesia sería clave en el procesamiento de numerosas personas implicadas en la violación de los derechos humanos durante la guerra.
AFP
