Condenan a El Salvador por masacre de 1981

La masacre de más de 1 mil campesinos quedó impune en virtud de una Ley de Amnistía de 1993.

En víspera de la conmemoración del 31 anivesario de la masacre, el tribunal, con sede en San José, declaró “por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada” por el caso de El Mozote, según la sentencia publicada este lunes.

En el marco de la cruenta guerra salvadoreña, tropas del ahora proscrito batallón Atlacatl arremetieron, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, una masacre contra los civiles de siete comunidades de El Mozote, unos 200 km al noreste de San Salvador, incluidos niños, mujeres y ancianos.

La Corte declaró “responsable al Estado por la violación al derecho a la vida y a los derechos del niño, en razón de las ejecuciones perpetradas” y estableció “que algunas mujeres fueron sometidas a violencia sexual, lo cual violó su derecho a la integridad personal y a la vida privada”, según el fallo.

Tras el fin del conflicto, una Comisión de la Verdad creada por la ONU responsabilizó en 1993 de la matanza a varios militares, algunos de los cuales murieron durante el conflicto armado.

No obstante, la masacre, que conmocionó a la comunidad internacional, quedó impune en virtud de una Ley de Amnistía de 1993, por lo que los familiares de las víctimas recurrieron al tribunal del sistema interamericano.

“La obligación de investigar persiste para el Estado hasta que se realice un juzgamiento adecuado y (…) se sancione a todos los responsables de las violaciones”, señaló la Corte.

El tribunal también condenó al Estado salvadoreño por violación al derecho a la propiedad privada porque “en la operación militar las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, les quemaron sus viviendas y sus cultivos, y mataron a sus animales”.

Como medidas de reparación, ordenó investigar a fondo los hechos, concluir el censo de víctimas -el número exacto se desconoce-, “asegurar” que la Ley de Amnistía no sea un “obstáculo” para la investigación, hacer las “exhumaciones necesarias”, y la “identificación” y “entrega” de restos a los familiares.

El tribunal dispuso una indemnización a las familias de las víctimas -cuyo monto no fue precisado en el informe-, así como “implementar un programa permanente y obligatorio sobre derechos humanos dirigido a la Fuerza Armada salvadoreña”.

En un acto simbólico, en enero pasado, Mauricio Funes, primer presidente de izquierda en la historia de El Salvador, pidió “perdón” a los familiares de las víctimas por las “aberrantes” violaciones de los derechos humanos cometidas por tropas gubernamentales.

“Es el fallo que esperábamos porque no solo pone fin a 31 años de impunidad sino que reivindica la memoria de las víctimas de la más despiada masacre cometida por el Ejército contra inocentes”, comentó a la AFP Wilfredo Medrano, del directorio de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, instancia que respaldó a las víctimas.

El director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos(CDHES), Miguel Montenegro, dijo a la AFP esperar que el gobierno “asuma con responsabilidad” lo dispuesto en la sentencia.

“Esta sentencia reafirma la esperanza de justicia que pedían los familiares de las víctimas y los que defendemos los derechos humanos. Vamos a estar vigilantes en su cumplimiento y si se encuentra a los culpables, que pidan perdón y afronten la justicia”, expresó.

Con actos culturales y religiosos, cientos de salvadoreños iniciaron el sábado en El Mozote una jornada de cuatro días de conmemoración del 31 aniversario de la masacre.

El conflicto bélico que enfrentó a los gobiernos de extrema derecha y sus tropas contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), hoy en el poder, dejó unos 75.000 muertos y concluyó con la firma de acuerdos de paz en enero de 1992. AFP

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