La Cámara de Diputados aprobó la norma -que ya había sido validada por el Senado- con el respaldo de todos los partidos políticos (57 votos en 57 presentes), por lo que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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La nueva legislación prevé que los culpables de delitos que impliquen tráfico de cocaína tengan una pena mínima de entre dos y tres años de penitenciaría.
Pese al aumento de las penas, la norma prevé atenuantes cuando la cantidad de la sustancia incautada sea poco significativa y cuando el narcotraficante sea primario y no le haya vendido drogas a menores de edad. En esos casos, la justicia podrá aplicar penas alternativas.
Si los que cometen el delito son policías, militares, legisladores o jerarcas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, las penas serán elevadas en un tercio.
La norma forma parte de un paquete de medidas presentada en junio por el presidente José Mujica -segundo mandatario de izquierda en la historia del país- en el que también se encuentra el proyecto de “legalización controlada” de la marihuana, que se votaría antes de fin de año en Diputados para pasar luego a la Cámara alta.
AFP