Está claro que Guatemala pasa por un momento importante en su historia. Primero el presidente, Jimmy Morales, de forma sorpresiva dio una conferencia de prensa el viernes 1 de septiembre en la que anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), decisión que fue comunicada al secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguidamente, el martes pasado, por instrucciones del mandatario, la Dirección General de Migración ordenó a sus jefes de delegación que, por razones de orden y seguridad pública, el comisionado Iván Velásquez no podría ingresar al país. En reacción a lo acontecido, varios personajes accionaron ante la Corte de Constitucionalidad y diferentes organizaciones nacionales e internacionales lo cuestionaron, pero el asombro mayor vino cuando, luego que el señor António Guterres, secretario de la ONU, confirmó a Velásquez como comisionado, el canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció a favor del presidente Morales.

Después de lo que hemos vivido en la última década con el apoyo de la CICIG y ante la coyuntura, al menos deberíamos preguntarnos si ha mejorado la seguridad, la justicia, la certeza del castigo y la impunidad en el país. Muy difícil responder, especialmente cuando desde el inicio no se determinó una metodología clara y cuantitativa para medirlo. Por ello es muy importante empezar a utilizar mecanismos para medir, así ir dejando de lado la percepción y el tanteo.

Por esta razón se diseñó el Flujograma de la Justicia Criminal, herramienta que mide los niveles de eficiencia del sistema judicial que se encarga de aplicar la ley de carácter penal de las instituciones que lo integran: la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ) y el Sistema Penitenciario (SP). Esta herramienta fue desarrollada a partir de los esfuerzos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana del programa Mejoremos Guate, que asiste técnicamente el CIEN.

“Deberíamos preguntarnos si ha mejorado la seguridad, la justicia, la certeza del castigo y la impunidad en el país”.

A la fecha se ha medido por tres años consecutivos la eficiencia tanto de las instituciones como la del sistema en general. La eficiencia en el año 2017 fue de 26.6%, lo que significa que de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, salieron 27. El MP y el OJ son los organismos que inciden directamente en la eficiencia del sistema (ya que son las encargadas de dar el ingreso y el egreso a un caso en el sistema). El MP disminuyó su inventario en los últimos tres años, por lo que su eficiencia paso del 15% al 30%. Sin embargo, el OJ no ha podido evacuar ese crecimiento que se le demanda y su eficiencia pasó de 20% a 18%. También las entidades que apoyan como la PNC, el Inacif, el IDPP y el SP se han visto afectadas. La PNC registró una baja en la eficiencia de las investigaciones realizadas para el MP de 11% a 10%, el Inacif pasó de 92% a 89% y el IDPP de 90% a 87%. Por último, el más crítico resulta ser el SP, donde la ocupación pasó de 299% a 340% -y que a agosto de este año era de 357%.

Luego de una serie de reuniones de trabajo con los técnicos y autoridades, así como el análisis y el estudio de los datos, se concluye que, para lograr un sistema de justicia criminal más eficiente, todas las instituciones suman. Es necesario incorporar un análisis sistémico, lograr una buena interacción entre las instancias, identificar los cuellos de botella, establecer metas nacionales e institucionales, diseñar estrategias, buscar los recursos y proceder de inmediato.

A pesar de que en estos tres años ha disminuido la tasa de homicidios de 27 a 23 por 100 mil habitantes, debería de establecerse de forma sostenida y coordinada la baja de otros delitos. Difícilmente se logrará una mejora si, por ejemplo, la Policía va por su cuenta, el MP no se comunica con el Organismo Judicial y si no se amplía la infraestructura y los recursos del SP. Contar con un sistema en el que las instituciones actúen de forma coordinada y articulada para el logro de metas comunes y la mejora continua con resultados es nuestra visión. En este sentido en los últimos años la CICIG ha coordinado el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), el cual contiene una base de datos de todas las instituciones y permite evaluar cuantitativamente dónde están los mayores desafíos, cargas de trabajo y demandas para lograr la eficacia del sistema. Además, se cuenta con una encuesta de victimización realizada recientemente por el Mingob que dará información relevante respecto a los distintos delitos. Tenemos todos los elementos, es cuestión de actuar en conjunto. Podrá venir la mejor institución internacional a apoyarnos; sin embargo, si no asumimos la responsabilidad y nos ponemos a trabajar, difícilmente mejorará la justicia y la seguridad en el país. ¿Qué opina de la CICIG? ¿Cómo lograr que las distintas instituciones de seguridad y justicia actúen coordinadamente y en armonía? ¿Qué delitos considera prioritarios?

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