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El 39 por ciento de la niñez y adolescencia migrante no acompañada y retornada a Guatemala, uno de los segmentos poblacionales que más busca una oportunidad fuera de las fronteras del país, utilizó coyotes (traficantes) para realizar el tránsito, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Esta es una de las principales conclusiones de dos estudios “Encuesta de Hogares de Movilidad Humana” y “Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana”, que fueron presentados en la Ciudad de Guatemala por la OIM. Ambos analizan la situación del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Con base en los hallazgos, explicó el jefe de la misión de la OIM para esta área, Jorge Peraza, se concluye que la mayoría de la niñez o adolescencia migrante de Guatemala no acompañada retornada son hombres adolescentes de 15 a 18 años, aunque la estadística cambia cuando tienen menos edad, pues son mayoría las niñas.
Del total de la niñez, el 30% tenía como destino final México y, según las preguntas realizadas a los jefes del hogar de este segmento retornado -en su mayoría varones-, el 68% se quedaría en su lugar de residencia actual, 31% migraría al exterior y 1% se cambiará de residencia o domicilio.
Los departamentos de Petén, Guatemala y Jutiapa reportan, de acuerdo con los mismos documentos, alta prioridad tanto en el índice de movilidad humana como en los problemas asociados a los sistemas y a los desastres naturales.
Entre los efectos adversos están la pérdida de cosecha, daños en la infraestructura y la reducción de ingresos.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó una partida de US$750 millones para la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyo propósito es generar desarrollo económico y estabilidad social para reducir los niveles de migración hacia ese país.
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Durante una reciente visita a El Salvador, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González, expuso que el desembolso de estos recursos se ha frenado por el incumplimiento de todas la condiciones.
“Son 16 condiciones las que impuso el Congreso para justificar el uso de los fondos, cuatro en el ámbito migratorio y 12 en áreas que tienen que ver con derechos humanos, con corrupción, con la creación de un grupo consultivo independiente para evaluar el progreso del plan: eso ha demorado el desembolso”, aseguró.
El funcionario hizo la salvedad de que “hasta el momento hemos visto pasos concretos” de los gobiernos del triángulo norte.
