El gobierno de Guatemala debe garantizar la seguridad de personas amenazadas y lograr avances concretos en la investigación de asesinatos de activistas por los derechos humanos y el medio ambiente, reclamaron varias entidades humanitarias con sede en Estados Unidos.
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“Llamamos al gobierno de Guatemala a mostrar progresos reales en la investigación de las muertes de Rigoberto Lima Choc y Jeremy Abraham Barios Lima“, reza la carta, en referencia a dos activistas asesinados respectivamente en septiembre de 2015 y noviembre de este año.
La carta, firmada por ocho entidades humanitarias o ambientalistas con sede en Estados Unidos, también pide que Guatemala “tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad” de otros activistas que se encuentran bajo amenaza de muerte.
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Lima Choc y Barrios Lima fueron asesinados por desconocidos en un ambiente de marcada tensión entre activistas por los derechos humanos y empresas de la región de Petén, fronteriza con México y Belice, y donde se abre camino el crimen organizado.
Con relación al asesinado de Lima Choc, la nota menciona que el crimen fue supuestamente llevado adelante por empleados de una empresa de plantación de palma en Petén, compañía también acusada por la contaminación de ríos de la zona.
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Las entidades mencionaron que la gigante del agro-negocio Cargill está analizando si mantiene o no sus contactos comerciales con esa empresa a raíz de las denuncias por actos de violencia y contaminación.
La carta de entidades como Latin America Working Group (LAWG) y Centro Robert Kennedy de DDHH está dirigida al ministro guatemalteco del Interior, Francisco Rivas, y la fiscal general de ese país, Thelma Aldana.
