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La Fiscal General Thelma Aldana se reunió con diputados de la bancada FCN-Nación para responder a sus dudas acerca de las reformas constitucionales al sector justicia. Ella les dejó claro que el antejuicio ya no debería estar en las leyes del país.
“El antejuicio no debería estar regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco porque le da calidad privilegiada a algunos ciudadanos y de conformidad con el artículo 12 constitucional todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho”, expuso Aldana.
La Fiscal acudió al Congreso como integrante de la Secretaría Técnica de la mesa de diálogo, de donde surgieron las propuestas para reformar la Constitución en el sector justicia.
Acerca del ritmo acelerado para aprobar los cambios, cuestionado por el diputado Edgar Ovalle, Aldana dijo: “Sí hay premura para fortalecer la institucionalidad en el país, sí hay prisa para tener un organismo Judicial independiente, un Ministerio Público autónomo, sí hay prisa para que podamos luchar contra la impunidad y la corrupción”.
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Al salir de la reunión con los parlamentarios “luego de la conversación que sostuvimos creo que ha quedado claro que esta figura de antejuicio debe ser utilizada para permitir una investigación preliminar por parte del Ministerio Público y luego de eso plantear o no la solicitud de antejuicio”, enfatizó.
Otras dudas
Las preguntas también se enfocaron en temas como el pluralismo jurídico, a lo que Aldana explicó que no se busca crear un sistema paralelo.
En cuanto a los cambios en el organismo Judicial, indicó que la propuesta tiene como base los Acuerdos de Paz, que cumplirán 20 años.
“No sé si necesitamos otros 20 años para comprender que debemos separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales del organismo Judicial porque la sustancia y el qué hacer de la Corte Suprema de Justicia es sentar la jurisprudencia del país”.
A la reunión también asistió el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, quien opinó que la oposición a las reformas en el tema de las comisiones de postulación se debe a que deja afuera a la Universidad de San Carlos y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ya que al suprimirlas, perdería la representación que tienen en ellas.
