0 of 3
Zury Ríos Sosa, quien fue candidada presidencial por la agrupación política Visión con Valores (Viva) acudió a la Torre de Tribunales a defender a su padre el general retirado José Efraín Ríos Montt donde se discute su posible participación en una masacre durante el conflicto armado interno.
PUBLICIDAD
La exdiputada del extinto partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) acudió acompañada de su abogado Jaime Hernández al nivel 14 donde está la sede del Juzgado de Mayor Riesgo A.
Ríos Sosa, que quedó en quinto lugar en la elección presidencial con el 5.89% de los votos, escuchó la acusación de la Fiscalía en contra de su padre.
Recomendados
Shirley Rivera anuncia que denunciará a Orlando Blanco por "violencia contra la Mujer"
Congreso aprueba Ley de Tarjetas de Crédito con la que pretenden terminen los abusos de los bancos
VIDEO. Diputado Orlando Blanco: “Miren esa cosa, miren esa piñatona”
La jueza solicitó la semana pasada que la persona que fue designada a la tutela de Ríos Montt deba escuchar la audiencia donde se resuelve la participación del militar retirado en la masacre en la comunidad Dos Erres, Las Cruces, Petén.
La matanza fue cometida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, durante el régimen de facto de Ríos Montt (1982-1983).
La acusación de la Fiscalía detalla que Ríos Montt pudo haber participado y ordenado las muertes.
Los crímenes en la comunidad de las Dos Erres fueron perpetrados cuando el ejército buscaba recuperar 40 fusiles que una unidad guerrillera había robado en octubre de 1982.
Una Comisión de la Verdad, auspiciada por la ONU, documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años (1960-1996), de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado, la mayoría perpetradas durante la época de Ríos Montt y del gobierno de facto de Oscar Mejía Víctores (1983-1986).
Ríos Montt fue declarado interdicto el año pasado luego de una evaluación médica y psicológica que lo declaró incompetente para entender o enfrentar un proceso en su contra.
Otro proceso
Ríos Montt consiguió esquivar la cárcel, pero no así la justicia, ya que está pendiente enfrentar un nuevo proceso “especial” por los delitos de genocidio y lesa humanidad.