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A 26 días de que venza el plazo para que finalice el periodo ordinario del Congreso, el organismo Ejecutivo entregó la iniciativa de ley para entregar en concesión directa por 25 años parte de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la compañía APM Terminals.
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El proyecto de ley fue una sugerencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) luego de que se observó un compromiso por la propietaria de TCQ de colaborar con las investigaciones por el supuesto soborno que recibió el exbinomio presidencial por parte de Terminal de Contenedores de Barcelona para recibir el usufructo de las 34 hectáreas de la terminal marítima.
Además, en la propuesta que hizo el interventor en julio fue que APM Terminals entregue una reparación económica al Estado de US$43.2 millones, de los cuales US$32.7 millones fueron depositados en el Crédito Hipotecario Nacional en septiembre.
Mientras que el resto de los fondos serán invertidos en proyectos sociales en comunidades locales donde está el proyecto.
Carlos Martínez, secretario general de la Presidencia, mencionó que el proyecto de ley cuenta con los dictámenes de la PGN, por lo que fue planteada a los diputados para su aprobación.
“De no aprobarse Guatemala pierde una oportunidad para prestar estos servicios y de tener una empresa productiva”, resaltó Martínez.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, enfatizó que se propondrá en reunión de jefes de bloque la iniciativa de ley para que se decida cuál será el camino, ya que dicho proyecto tiene el problema de que una vez sea conocido en el Congreso se tienen 40 días para su aprobación, de lo contrario pasará a Tribunales.
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Adim Maldonado, representante de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación, indicó que se mantienen en cabildeos con las demás agrupaciones para que sea aprobada lo antes posible la concesión por tratarse de un “tema de país”.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, mencionó que se deberá que leer detenidamente la propuesta antes de decidir si aprueba o no.
“No estamos de acuerdo con la concesión directa y llama la atención ciertos privilegios que se pueden otorgar como es el plazo”, agregó Montenegro.
El caso En abril el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalaron irregularidades en TCQ. Sobornos. De acuerdo con las investigaciones, los beneficiados con el usufructo ofrecieron US$30 millones para el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicemandataria Roxana Baldetti y compañía. Involucrados. Entre los acusados aparecen los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, como el secretario general de la Presidencia del Partido Patriota Gustavo Martínez y el exsecretario de Baldetti Juan Carlos Monzón.
