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“Falta de experiencia en lo público” Análisis de Eramos Velásquez Hay un impacto por el desconocimiento de toda la base jurídica y el conocimiento específico de los contratos, por lo que se pierde de vista que independientemente de la situación jurídica o de algún señalamiento que se tuvo en el contrato tuvo impacto en el avance de la obra física y el pago del mismo. La falta de experiencia en la gestión pública hizo que afectara a los guatemaltecos por no contar con la construcción de la carretera, por lo que se debió consultar con la Contraloría de Cuentas.
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El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, informó que la ampliación de carreteras se detuvo debido a que los contratos con dos constructoras quedaron en suspenso.
García confirmó que los contratos con las empresas Odebrecht y Sigma se suspendieron, debido a que no se ha cumplido con los compromisos de los acuerdos.
“Con las dos se ha suspendido los contratos. Se está haciendo el análisis para ver si es factible reanudarlos o si son rescindidos, en esa parte estamos”, expuso el funcionario, luego de haber participado en una reunión con la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, en que defendió la solicitud de un techo presupuestario de Q5 mil 800 millones para el próximo año.
Afirmó que se plantean dos rutas, una es acudir con la Procuraduría General de la Nación para que esta los asesore legalmente sobre cómo se pueden abordar los contratos y la otra es analizar cuáles fueron los errores que permitieron que las empresas avanzaran con esas deficiencias.
Explicó que la obra de Sigma tiene 13 por ciento de avance físico y una ejecución financiera entre 11 o 12 por ciento.
“Odebrecht tiene 75% de avance financiera y 35 por ciento de avance físico”, añadió el funcionario.
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Ambas obras se encuentran en la Costa Sur, de acuerdo con el jefe del CIV.
Durante la reunión en el Legislativo, los diputados que integran la comisión de finanzas coincidieron en que se debe disminuir en el presupuesto asignado para estas empresas.
“En mi opinión es necesario realizar una reducción de esos Q1 mil 200 millones”, expresó Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, al referirse a los problemas legales de las constructoras por acusaciones de corrupción en los tribunales.
A pesar de esto, aparecen nuevamente en el listado para ejecutar proyectos el próximo año.
Durante el encuentro se acordó que en un plazo de ocho días el CIV deberá presentar sus argumentos legales y decir qué camino tomará para que dichas sociedades ya no sean las encargadas de las construcciones.
