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“Se desgasta de manera acelerada” Análisis de Renzo Rosal, politólogo Al parecer es una medida de castigo que le da el Congreso al Ejecutivo, ya que fue una medida que surgió mal desde el inicio. En el primer intento se amenazaban derechos constitucionales y el segundo ya estaba desgastado y no fue justificado, debido a que la propia Conred argumentó que necesitaba ese estado de Calamidad para gastos de funcionamiento, por lo que los diputados le pasaron la factura. A la vez, se evidencia que la bancada oficial no tiene la capacidad para servirle al Ejecutivo y, aunque sean dos expresiones aparentemente cercanas, se reflejan que están lejos. El Ejecutivo queda nuevamente mal porque comete errores simples en poco tiempo y se desgasta de manera acelerada.
Durante la discusión para ratificar la medida que buscaba implementar el gobierno de Jimmy Morales, diputados señalaron errores legales.
Por más de una hora congresistas de diferentes bancadas explicaron porque no apoyaban el estado de Calamidad , decretado por el presidente Morales el 23 de septiembre, luego de haber limitado varias garantías constitucionales.
De acuerdo con el presidente del Congreso, Mario Taracena, fueron 18 diputados que debatieron el estado de Calamidad, entre ellos el jefe de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), Javier Hernández, y otros integrantes más de esa agrupación.
“Hoy están hablando de ladrones, del mal uso y de cheques en blanco, lo cual es de los gobiernos anteriores. El gobierno actual no ha hecho ninguna compra hasta que no se ratifique el estado de Calamidad, por favor piensen que estamos hablando de vidas”, fue la justificación de Hernández, al solicitar la aprobación del mismo.
El estado de Calamidad fue apoyado por 47 votos, mientras que 59 rechazaron esa medida cuyo propósito es establecer el mandatario Morales debido a los riesgos que ha causado la lluvia.
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Sin embargo, los diputados Nineth Montenegro, Amílcar Pop, Carlos Chavarría, Marvin Orellana, Haroldo Quej, Mauro Guzmán y Oliverio García Rodas, criticaron el documento del Ejecutivo, que contiene inconstitucionalidades, incongruencias e imprecisiones.
“Señores, esto no tiene ni pies ni cabeza, adicionalmente se delega en la Conred atribuciones del presidente y de sus ministros, cuando la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la función pública no es delegable, en los exceptos casos por la ley, aun cuando estén en un acuerdo gubernativo, lo cual no es una ley”, señaló García Rodas.
