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El Instituto de Derecho a la Competencia (IDC) busca que en la iniciativa de ley de Competencia que se discutirá en el Congreso se eliminen las tarifas o precios mínimos que se pretenden incluir como excepción de actos de autoridad, ya que esto seguirá otorgando privilegios a los agentes económicos o empresas para ponerse de acuerdo.
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“Nadie en un mercado debe tener por acto de autoridad que se garantice un precio mínimo. Se debe mejorar el 35% del proyecto de ley para que no inconsistente y neutralice la normativa que se conoce en la comisión de Economía. Una buena ley de competencia es la que se aplica con rigor jurídico de manera transparente e independiente”, resaltó el vicepresidente del IDC, Marcos Palma.
Además, Palma propuso que se reduzca de cinco a tres los directores en la Superintendencia de Competencia, ya que de dejar ese número absorberá el 40% del presupuesto de esa institución que se deberá crear.
El experto resaltó los avances que se han realizado en la comisión de Economía a la propuesta de ley, ya que se aumentan a 14 las prácticas anticompetitivas, cuando solo se había incluido cuatro, para tener una ley que no sea excluyente y no viole el principio de igualdad.
Entre las prácticas que se incluyeron son las llamadas defensas por eficiencia que son consideradas importantes por los agentes económicos para defender prácticas que consideren como eficientes.
Contar con una ley de Competencia es un compromiso que adquirió el país con la Unión Europea antes del 30 de noviembre, por lo que Palma resaltó la importancia de tener una normativa que ayude a fomentar la competencia y evitar la corrupción.
