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Las bancadas mayoritarias se pronuncian sobre la propuesta de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de la terminal marítima en el Pacífico.
Uno de los acuerdos a los que se comprometió la Empresa Portuaria Quetzal para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) es que por medio del presidente de la República se presente una iniciativa de ley para entregar en concesión directa las 34 hectáreas, propuesta que genera rechazo y dudas entre los diputados.
Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que no es la ruta para un negocio que nació oscuro, por lo que el Congreso no debe avalarlo y considera que debe realizarse una licitación internacional o una alianza pública-privada, donde el Estado también sea inversionista para garantizar la mayor rentabilidad.
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“La propuesta del presidente es una salida precipitada, pero no la más correcta. No vamos a apoyar dicha concesión y menos que el Congreso se involucre”, resaltó Blanco, quien mencionó que cuando llegue la propuesta será citado el interventor para que explique la propuesta.
Aunque el mandatario Jimmy Morales se reunió la semana pasada con los representantes de las bancadas, el subjefe del bloque del Frente de Convergencia Nacional-Nación (FNC-Nación), Edgar Ovalle señaló que la agrupación oficialista no ha discutido la propuesta y tendrán que reunirse para definir la postura que tomarán.
El jefe de la agrupación Todos, Juan Ramón Lau, aclaró que no fue invitado a la reunión en la Casa Presidencial, pero recomendó que debe hacerse una nueva concesión abierta, para que haya transparencia y más países participen con mayores capacidades de inversión.
“Es responsabilidad del Ejecutivo y pienso que busca lavarse las manos con los diputados por si algo sale mal responsabilizar al Congreso, que al final no es un tema de los diputados”, agregó Lau.
Boris España, del Movimiento Reformador , mencionó que para mañana se reunirá el bloque para analizar el tema, como son las bases legales para que la propuesta sea viable y donde el Estado sea el principal beneficiario.
España refirió que es un proyecto donde se debe correr el riesgo de ponerlo a operar.
