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Hace un año, en la víspera del Día de la Virgen de la Asunción y, en medio de la conmoción social por los escándalos de corrupción que alcanzaron al entonces presidente Otto Pérez Molina y que provocaron la renuncia de su vicemandataria Roxana Baldetti, ocurrió un hecho inusual en la iglesia de la Asunción, en la zona 2.
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“¡Corrupto!, fuera de aquí”, le decía una mujer al exgobernante, cuando salía de misa.
Además, con una pancarta, le sugería que se retirara del templo “porque iba a agarrar fuego”.
Deja el cargo
Pérez renunció el 2 de septiembre de 2015. Un día después, acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Gálvez, para entregarse luego de enterarse de que existía una orden de captura por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Fue la primera vez que un presidente se entrega por un caso judicial y se sienta en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía lo señaló de haberse beneficiado por el cobro de Q28 millones 556 mil al liderar la estructura de contrabando aduanero denominada La Línea.
Más de 60 escuchas telefónicas de los integrantes de la estructura criminal que desbarató la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el 16 de abril fueron presentadas ante el juzgador.