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Los beneficiados: Alberto Rafael De León Escobar: financiamiento electoral ilícito. Álvaro Mayorga Girón: financiamiento electoral ilícito. Julio Alejandro Quinto Tobar: financiamiento electoral ilícito. Ana Graciela López Gálvez: financiamiento electoral ilícito. Edna Maribel Berganza Colindres: exsubsecretaria de la SAAS: financiamiento electoral ilícito. Marco Antonio Recinos Sandoval: financiamiento electoral ilícito. Denis Leonel Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito. Boris Alberto Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito. Boris Orlando Navas Aguilar: financiamiento electoral ilícito. Max Roberto Burgos Faillace: financiamiento electoral ilícito. Juan Luis Ortiz Álvarez: financiamiento electoral ilícito. Rudy Geovani Navas Siliézar: financiamiento electoral ilícito. Jack Irving Cohen: financiamiento electoral ilícito. Denis Benjamín González Zepeda: financiamiento electoral ilícito. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo: exgerente del Banco G&T Continental: financiamiento electoral ilícito. Edín Raymundo Barrientos: ex accionista de diario Siglo 21: lavado de dinero. Izmenia Beatriz Del Val Herrera: exasesora legal de Baldetti: falsedad ideológica Mario René Cano Gutiérrez: exdefensor de Baldetti: lavado de dinero. (CICIG apeló la falta de mérito por asociación ilícita) Rafael Enrique Cetina Gutiérrez: abogado y notario: lavado de dinero. (CICIG apeló la falta de mérito por asociación ilícita)
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Luego de las caras alegres y los abrazos al escuchar que el juez Miguel Gálvez había beneficiado a 19 implicados en el caso “Cooptación del Estado de Guatemala” con arresto domiciliario, ahora a cumplir la disposición y evitar volver a la prisión.
La medida cautelar que ha otorgado el juez es arresto domiciliario. Los sindicados podrán:
– Estar en su casa
– Dirigirse a su oficina o empresa
– Tienen prohibido salir del país
– Realizar reuniones y conversar con otros implicados del caso
El juez Gálvez advirtió que el cumplimiento de las medidas están a disposición de los sindicados y “no habrá un policía” verificando, aunque, si se comprueba lo contrario podrían perder los beneficios y volver a la prisión militar Mariscal Zavala.
