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Silvia de León, titular del Juzgado Sexto Penal, tiene a su cargo escuchar a los tres empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que han sido detenidos en el caso “Negociantes de la salud”. La audiencia se realizará el 8 de agosto de 2016.
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Además, Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto Penal, ha informado que el caso de antejuicio que planteó la Fiscalía en contra del legislador de la bancada Todos, Roberto Kestler será remitido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados analizarán los indicios y podrán darle trámite, como han hecho con los otros procesos en contra de diputados y nombrar pesquisidor, o avalar y rechazar el caso.
Detenidos
Los trabajadores de Seguro Social detenidos son Erick Noé Estrada García por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo; Byron Humberto Arana González por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Wálter Omar Linares Pacheco por asociación ilícita y cohecho pasivo.
Prófuga
Está pendiente de captura Patricia Lizethe Juárez Fernández, por asociación ilícita y cohecho pasivo de forma continuada.
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Diputado Kestler. Cortesía Foto:
Acusación
Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos (entre mayo 2013 y julio 2015) específicamente contra la administración pública con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el IGSS. Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus coparticipes la mayor cantidad de adjudicaciones por parte del Instituto.
El caso
Dentro del caso conocido como “Negociantes de la salud”, hasta la fecha se ha ligado a proceso a 18 personas por ilícitos cometidos en diferentes procesos de compra y adquisición de productos o servicios. Dentro de estos sindicados se encuentra el señor José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante legal de la entidad Wellnes Center, proveedora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; y quien según las investigaciones, formaba parte de una organización criminal y ejercía tráfico de influencias en funcionarios de la institución para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos (compra directa, cotizaciones, licitaciones, etc.).
