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Como seguimiento al caso “impunidad y defraudación”, en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de Aceros de Guatemala, el Juzgado Séptimo Penal decidió intervenir dicha empresa y ordenó el arraigo de sus socios mayoritarios.
”El Ministerio Público, la PGN y la SAT en una audiencia pidieron al juez contralor que se decretara la intervención de la empresa y el arraigo de algunas personas. Es una medida precautoria que se consideró necesaria”, explicó la fiscal general, Thelma Aldana.
“La medida contra de la empresa implica la intervención de la caja. El Interventor será una persona propuesta por la SAT”, agregó.
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