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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron un nuevo caso de corrupción que se habría dado en la firma de un contrato entre el Estado y la empresa TCQ para la ampliación de una terminal en la Portuaria Quetzal, ubicada en Escuintla.
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Estos son los números del caso:
• 225 millones de dólares es la inversión en el proyecto.
• 25 años es el tiempo otorgado para operar la nueva terminal.
• 34 hectáreas es el terreno dado en usufructo en la portuaria.
• 18 personas son señaladas de haber participado en el negocio, incluyendo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra quien se ha solicitado retiro del antejuicio.
• 30 millones de dólares fue lo dispuesto de “comisión” por el negocio.
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• 24.5 millones de dólares del total del soborno era para el “socio local”, que incluiría al expresidente, Otto Pérez Molina y a la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
• 5 millones de dólares del total del soborno fue para argentinos que facilitaron el negocio.
• 500 mil dólares fue para “gastos”, que incluyeron soborno a sindicalistas, según el MP.
• 200 elementos de seguridad han sido coordinados para la seguridad en Torre de Tribunales por la audiencia de este miércoles.
