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Análisis “PGN tendrá que asesorar al presidente” El presidente deberá revisar las obligaciones de carácter nacional e internacional que asumió el Estado cuando hizo la negociación. Desde el punto de vista moral es un negocio turbio. Al presidente le tomará un reto de tipo administrativo y la PGN tendrá que asesorarlo para tomar una decisión legal correcta. Genera una gran expectativa las decisiones que se van a tomar por un lado. Jimmy Morales decidirá si acciona por la nulidad o lo convalida y de alguna manera concreta la negociación del Partido Patriota (PP) que se hizo en nombre del país. Carmen Aída Ibarra Movimiento ProJusticia
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Ante las dudas sobre el futuro del contrato con Terminal de Contenedores de Quetzal, S. A., el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, demandó al Ejecutivo a solucionar de inmediato el estado jurídico del usufructo, actuando en consonancia con las opiniones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGN).
También solicitó resolver en el menor tiempo como operarán las instalaciones, basándose en figuras jurídicas para evitar perjuicio al Estado. El sector comercial mostró su oposición a aquellos mecanismos de contratos de servicios y obras donde existen mecanismos opacos.
Mensaje “Lamento lo sucedió en esa oportunidad, ahora ya pasaron los tres años que la ley lo determina”. María Villagrán, titular de la PGN al referirse al contrato con TCQ
“Desde 2012 la Cámara cuestionó la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación del contrato con TCQ, por lo que solicitamos a los entes responsables en investigar y destinar los recursos para determinar las condiciones en que se efectuó la negociación”, resaltó Briz.
Postura “Desde 2012 la Cámara cuestionó la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación”. Jorge Briz, presidente de la CCG, por la negociación en la Portuaria
El viernes la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desbarataron una estructura criminal liderada por el expresidente Otto Pérez y la que fuera su vicepresidenta Roxana Baldetti.
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La investigación se deriva de los documentos localizados en los 20 allanamientos del 16 de abril de 2015 cuando fue desarticulado el grupo de defraudación en las aduanas denominado La Línea. El caso pudo investigarse luego del aporte del exmilitar Juan Carlos Monzón (quien fue el secretario privado de Baldetti) como colaborador, quien estuvo 127 días prófugo.
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“Esta procuraduría no puede declarar lesivo un contrato. Lamento lo sucedió en esa oportunidad, ahora ya pasaron los tres años que la ley lo determina”, mencionó María Villagrán, titular de la PGN.
La funcionaria mencionó que le sugerirá al presidente Jimmy Morales interponer una acción de nulidad. “Es para anular el contrato, dado que la PGN no puede presentar demanda, sino tiene autorización del Presidente”, añadió Villagrán.
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La audiencia de primera declaración se retrasó un día debido a que Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, aún debe resolver el caso denominado “Génesis” en la que están involucrados 14 personas por despojo de 28 fincas en Petén. El principal sospechoso es el supuesto narcotraficante Walter Obdulio Mendoza Matta y sus cuatro hijos.
Baldetti será defendida por Mario Cano y Pérez por Moisés Galindo durante la audiencia este miércoles en l en la Torre de Tribunales, donde se desplegará un dispositivo de seguridad.
La Fiscalía investiga el incidente donde el auditor Carlos Pisqui de “una empresa” allanada por el caso el viernes, fue herido de bala en la zona 10.
