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Integrantes de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya mantienen un plantón permanente frente al ingreso del Ministerio de Energía y Minas como medida de presión para que se acate la suspensión de la licencia de la mina ubicada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, pero la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) aboga por mantener abierto el proyecto en aras de la certeza jurídica.
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Los comunitarios se apoyan en una resolución judicial que resolvió suspender de manera provisional la solicitud de otorgamiento de la licencia del Proyecto Progreso VII Deriva, donde laboran 300 personas y que tiene como objetivo la extracción de oro y plata, entre otros minerales.
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Este viernes el presidente de la CIG, Oscar Emilio Castillo, dijo que piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva lo más pronto posible el recurso contra la suspensión. Asimismo, dijo que cerrar la minera es una amenaza a la certeza jurídica del país, necesaria para la atracción de inversión y el crecimiento económico nacional, enfatizó.
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Los empresarios dieron su apoyo al Ministerio de Energía y Minas por las acciones de no suspender la licencia de explotación, mientras que los comunitarios insisten en que no se cumplieron los procedimientos debidos para la extensión de la misma.
