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El abogado Frank Trujillo, representante legal de Aceros de Guatemala, S. A., y Ariel Guerra Castillo, Intendente de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se han entregado en el Juzgado de Mayor Riesgo B, señalados de un caso de fraude.
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El juzgador Miguel Gálvez mencionó que la orden de aprehensión que ordenó el 11 de febrero de 2015 quedaba sin efecto durante la audiencia debido a que ambos se habían presentado.
Ambos esperan la resolución del juez para saber si irán a prisión como otras 13 personas detenidas el viernes por el caso de fraude tributario que investigó la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) derivado de las escuchas telefónicas del proceso de defraudación en las aduanas denominado La Línea.
“Nadie me ha capturado”, mencionó Trujillo. Kenneth Monzón Foto:
“Solicito que se revoque mi aprehensión, si es que se dictó, y se me permita seguirme presentando como lo hice hoy. Si debo entregar mi pasaporte, lo haré; si debo evitar salir del país, lo haré; y si me ponen custodia policial, lo acataré. Nadie me ha capturado”, mencionó Trujillo.
Cuatro días prófugos
Guerra Castillo y Trujillo eran prófugos desde el pasado viernes. “Estaba en un viaje largo. Era litigante de un caso en Izabal”, afirmó Trujillo.
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El caso
La acusación detalla que la empresa habría utilizado la estructura liderada por Omar Franco, quien fue titular de la SAT y Giovanni Marroquín Navas (ambos en prisión por el caso La Línea) para desestimar una denuncia de defraudación por Q255 millones 612 mil 266.82 en 2012.
La entidad influyó sobre funcionarios del ente recaudador y logró la devolución de un crédito fiscal por Q11.9 millones, según la investigación.
