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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ofreció una conferencia de prensa sobre un nuevo caso de corrupción, impunidad y defraudación en la SAT.
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La denuncia contra Aceros de Guatemala es por los delitos defraudación tributaria y caso especial de defraudación aduanera.
“Se debe entender los proveedores de primera línea y segunda línea“, comentó la fiscal Thelma Aldana. “El MP indica que la SAT no atendió la orden del juez (…) Aceros De Guatemala se sirvió de tráfico de influencias“, agregó.
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Por su parte, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que cuando se investigaba La Línea se encontró una llamada en particular de Giovanny Marroquín. “Las adulteraciones y falsedades por empresas de cartón hace que Aceros de Guatemala contrate a la empresa Tres Puertos” dijo Velásquez.
Se relaciona esta actividad con el abogado de Aceros de Guatemala, Fran Trujillo, y con el superintendente de la SAT y los intendentes de Asuntos Jurídicos y Fiscalización
“No era una defraudación de poca monta“, dijo el titular de la CICIG al mencionar que fueron más de Q255 millones lo que se defraudó. Velásquez también indicó que la CICIG cuenta con escuchas telefónicas analizadas por la fiscalía.
Entre las pruebas hay inconformidad en informes por la estructura que se presentaron en enero de 2015, en el cual la SAT no se opuso a las peticiones de la defensa de Aceros de Guatemala.
Otro de los temas es la devolución fiscal, donde se Aceros de Guatemala cobró de crédito fiscal Q11.8 millones. Giovann Marroquin influía en la SAT de lo ordenado por Tres Puertos.
La fiscal Aldana agregó que, de los Q11.8 millones que recuperó Aceros de Guatemala, se les acusa a los integrantes de la red de cohecho activo y cohecho pasivo, y que la Fiscalía de Delitos Económicos investiga otros casos similares.
Aldana indicó que se pidió el arraigo para tres personas de la estructura, entre ellos el exintendente de Fiscalización Ariel de Jesús Guerra.
De los Q11.8 millones de recuperación de crédito fiscal, el 11.5 por ciento Giovanny Marroquín lo distribuyó para el pago de trabajadores de la SAT, de los cuales el 33 por ciento iban para los intendentes de Fiscalización y Asuntos Jurídicos
La fiscal Aldana dijo que no se descarta que haya relación entre La Línea y el nuevo caso, ya que esta Omar Franco y Giovanni Marroquín.