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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la estructura del caso denominado Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT, donde esta involucrada la empresa Aceros de Guatemala, por defraudación tributaria, caso especial de defraudación aduanera y recuperación de crédito fiscal por Q11.8 millones.
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De acuerdo con las investigaciones, Aceros de Guatemala contrató a la compañía Tres Puertos para que desestimara los señalamientos penales por irregularidades en las declaraciones fiscales, donde se presumen exportaciones.
Thelma Aldana, fiscal general del MP, mencionó que de lo devuelto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Aceros de Guatemala destinó el 11.5% para pago de la entidad Tres Puertos, S.A, de los cuales Giovanni Marroquín Navas, involucrado en el caso de La Línea, distribuyó el 33% como pago para funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria.
“Como se los manifesté está acreditado en la tabla de Excel del teléfono del señor Giovanni Marroquín”, agregó Aldana.
Por aparte, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, adicionó que los altos funcionarios de la entidad son los que reciben los beneficios, y los de nivel medio, los que firman los dictámenes o auditorías simplemente reciben ordenes de sus jefes que varíen de la manera como fue acordado.
