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A poco de tres meses de la elección de magistrados titulares y suplentes en la Corte de Constitucionalidad (CC), el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), propuso tomar en cuenta 10 aspectos para fortalecer el sistema de justicia, los cuales deben ser transparentes, como se establece en la Carta Magna.
-. La primera regla que recomienda el Centro en la selección de los candidatos es revisar los méritos, independencia, capacidades, integridad y honestidad.
-. Que las designaciones sean resultado de convocatorias abiertas y procesos públicos transparentes.
-. La información de los participantes debe ser pública, donde se establezca un plazo razonable para la presentación de tachas o información relevante y comprobable.
-. También los integrantes de los órganos que designan magistrados deben divulgar toda la relación que tengan con los candidatos o sus familiares, por lo que se propone que se retiren de las deliberaciones para evitar el conflicto de intereses. Bajo ningún supuesto tener reuniones en privado con los candidatos.
-. Las designaciones de entidades del Estado deben ser públicas, incluyendo de manera especial el voto de cada integrante.
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-. Los nombrados no deben tener compromisos con partidos políticos ni ser integrantes del mismo cuerpo colegiado que los designe.
-. Los participantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala deben guardar decoro inherente al cargo al que se postulan, y abstenerse de campañas con gastos excesivos, dádivas o regalos para promover su imagen.
-. Los gastos de cada postulante para promover su candidatura deben ser públicos, donde se informe las fuentes de financiamiento.
-. El proceso de designación en cada entidad debe garantizar los principios de pluralismo y no discriminación que informan el orden constitucional.
-. Analizar el desempeño de los magistrados que se participarán en la reelección, para establecer si su postulación amerita ser considerada.
En la elección se nombrarán a cinco magistrados suplentes y cinco suplentes, los cuales son designados por la Corte Suprema de Justicia, el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el Consejo Universitario Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
