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Otra de las instituciones que se pronunció en contra de los sueldos diferenciados aprobados por el presidente Alejandro Maldonado a cuatro municipios fue la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien argumenta que no se le solicitó dictamen y opinión sobre esa medida.
La PGN demuestra su rechazo a la decisión del mandatario, porque los acuerdos gubernativos violentan el ordenamiento jurídico nacional fundado en la Constitución, vulneran especialmente el derecho a la igualdad, el derecho de un salario digno, como el derecho de trabajo que constituye un mínimo de garantías susceptibles de ser superadas.
“Contravienen los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de Derechos Laborales”, resalta el comunicado de la PGN.
Asimismo, la Procuraduría señala que la Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano rector de la defensa de la Carta Magna, debe tener presente la sentencia de inconstitucionalidad que dio en septiembre del año pasado por esa misma autorización del expresidente.
Los municipios donde el mandatario pretende implementar salarios diferenciados son en San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla.
