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Miguel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, convocó para el 9 de septiembre a la Fiscalía y al ex presidente Otto Pérez para continuar la audiencia de primera declaración en el caso de contrabando aduanero denominado La Línea.
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El juzgador programó iniciar la audiencia a las 9 horas dos días después de las elecciones debido a un asueto que gozan los dos mil empleados del Organismo Judicial.
El jueves, durante el segundo día de audiencia en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, el general retirado mencionó que “no reconocía” el actuar del Ministerio Público. “Lo encuentro inconsistente” explicó ante el juzgador.
Gálvez decidirá si avala la acusación y vincula al ex gobernante.
El exgobernante fue acusado por la Fiscalía de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación tributaria y lo señaló de ser uno de los cabecillas de una red que cobraba sobornos a importadores y declaraba menor cantidad de impuestos.
“El Ministerio Público dice que existe una organización criminal a la cual yo pertenezco y eso no es cierto, no pertenezco a ese grupo“, mencionó.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el colombiano Iván Velásquez, desbarató el grupo criminal el 16 de abril con la detención de 22 personas y se mencionó como coordinador al ex militar retirado Juan Carlos Monzón, quien era el hombre de confianza de Roxana Baldetti (renunció como vicepresidenta el 8 de mayo y está en prisión desde el 21 de agosto por ser una de las cabecillas de la organización criminal).
El 21 de agosto, el ente de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculó como uno de los cabecillas a Pérez y solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle la inmunidad. Pérez de inmediato descartó esa acusación.
Seis días después, luego de la convocatoria en las redes sociales, hubo masivas protestas en el diversa regiones del país. Frente al Palacio Nacional de la Cultura y en las cabeceras de los 22 departamentos para exigir la renuncia de Pérez.
El 1 de agosto el Congreso avaló, en una jornada histórica, retirarle la inmunidad al presidente y la Fiscalía lo arraigó. Fue hasta el 3 de agosto cuando Pérez envió la carta de renuncia al Organismo Legislativo y se entregó al juez para ser procesado por el caso.
“El grupo operó desde el 8 de mayo de 2014 hasta que fue desbaratado el 16 de abril y al señor Otto Fernando Pérez Molina se le acusa de haberse beneficiado con Q28 millones 557 mil”, mencionó el fiscal José Morales.
Pérez se defendió el 3 de septiembre, en el segundo día de audiencia, cuando rechazó una de las escuchas telefónicas que fue presentada en la que habla con Carlos Muñoz, quien dirigía la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “En una conversación dice que hay un relajo y que el Presidente ordena que se abran cuatro cuentas. Imagínese eso señor juez, dicen que le dijeron que dijera…. eso es una mala intensión para vincularme a la red criminal”.