La audiencia de primera declaración para los implicados en el caso “Redes” por tráfico de influencias comenzó con la imputación de los delitos a tres implicados y la reproducción durante más de dos horas de escuchas telefónicas al “cerebro” César Medina Farfán, señalado en el pasado como testaferro del expresidente Alfonso Portillo.
Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez, quien renunció en junio como su secretario privado, no fue señalado porque la audiencia se suspendió y continuará el 15 de julio. Tampoco Edwin Rodas, exviceministro de Energía y Minas y Karen Cancinos.
Pudieron escuchar los delitos Medina Farfán, Filadelfo Reyes Cáceres, ex Subsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas y ex Intendente de Aduana y Lidia Lucrecia Roca Morales, jefe del Departamento de Normativas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El caso había sido declarado bajo reserva lo que impedía el acceso a la prensa. Luego, la juzgadora Virginia de León (quien sustituyó a la titular del Juzgado Quinto Penal Judith Secaida por la muerte de su padre) accedió a la petición de la fiscalía y dejó la audiencia pública.
Durante la jornada, la jueza Virginia de León declaró el caso bajo reserva lo que impedía el acceso a la prensa. Luego, ante la petición de la fiscalía dejó la audiencia pública.
La fiscalía presentó las escuchas telefónicas interceptadas, por orden de juez, entre julio y octubre de 2014. Está involucrados la empresa Zeta Gas Centroamericana S. A. que se interesa en obtener la autorización de la SAT para construir el depósito aduanero en Puerto Quetzal con un pago mínimo de impuestos, el cual sería de US$5 millones y terminó pagando Q5 de quetzales.
Dos casos
Otro caso se detecta que Medina Farfán ayudó a Carlos Muñoz, quien era titular de la SAT, para que ayudara a resolver la situación jurídica de la causa 011070-2004-01948 por los delitos de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude.
En junio de 2014, Farfán contacta a la abogada Sandra Vargas, quien trabaja en la Secretaría General de la Presidencia, y le solicita que le ayude a resolver la situación legal de Muñoz. Es ahí que contacta al Juez Décimo de Primera Instancia Penal José Luis Piché, quien está de acuerdo siempre y cuando le asigne dos plazas en la SAT, una para su cuñado.
La tercera negociación se realizó con la empresa Jaguar Energy Guatemala que solicitaba reuniones para la presentación de proyectos o propuestas empresariales y gestiones para protección de intereses de la empresa, para traficar influencias a favor de dicha empresa en donde está implicado el yerno del gobernante.
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